La presidenta del Govern de las Illes Balears, Francina Armengol, acompañada por el conseller de Movilidad y Vivienda, Josep Marí, y la consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores, Rosario Sánchez, se ha reunido esta tarde con representantes de diferentes asociaciones de constructores y promotores de las Illes Balears para informarles sobre la habilitación de una medida que permitirá al Govern actualizar el precio máximo de la vivienda de protección oficial de iniciativa privada.
Esta medida se incluye en el Decreto Ley de medidas extraordinarias y urgentes para paliar la crisis económica y social producida por los efectos de la guerra, que se ha aprobado en un Consejo de Gobierno extraordinario esta mañana y que se enmarca en el plan de choque de las Illes Balears para hacer frente a las consecuencias de la guerra.
Con esta medida, se habilita al Consejo de Gobierno para ajustar el precio máximo de la VPO privada a los precios efectivos de construcción, siempre que este ajuste esté justificado con un informe técnico. El objetivo es hacer viable la construcción de VPO por parte de promotores privados y, de este modo, introducir más vivienda asequible al mercado.
El conseller Josep Marí ha destacado que: “el encarecimiento del precio de la construcción hacía inviable que con el actual precio máximo se pudiera construir VPO privada”. Con esta revisión de precios “garantizamos su viabilidad con el objetivo de atender las demandas de la clase mediana de poder acceder a viviendas con precios asequibles”, ha añadido el conseller. El actual régimen general de VPO fija el precio máximo en 1.940 €/m² y este cambio normativo permitirá aumentar este precio según la coyuntura del mercado.
Por su parte la consellera Rosario Sánchez ha explicado que el decreto ley aprobado hoy habilita la revisión de los contratos públicos y concesiones para compensar a las empresas contratistas de la Administración “ante la escalada de precios”. Tal y como ha indicado la consellera, esta medida se podrá aplicar en aquellos casos “en que se haya producido una alteración extraordinaria e imprevisible, superior al 6 por ciento, en los precios de los materiales”. Esto afectará a los contratos de la administración de la comunidad autónoma, exceptuando los contratos menores, ejecutados o en ejecución a partir del 1 de enero del 2021. También será aplicable en los contratos de los consejos insulares, de los ayuntamientos y del sector público autonómico.
Incentivar la VPO privada
Además del encarecimiento de los precios de construcción hay otros factores que han dificultado la viabilidad de construir VPO privada, uno de ellos es que los Planes Estatales de Vivienda hace años que no incluyen subvenciones para la construcción y compra de VPO. Otro es que los precios del módulo se mantenían congelados en las Balears desde el año 2008, ligado en un Real Decreto Estatal, hecho que había provocado que quedaran desfasados.
En estos momentos se dispone de suelo en manos privadas destinado a construir VPO y se prevé que este vaya en aumento, puesto que así lo contemplan tanto el borrador de la Ley Estatal por el derecho a la vivienda como el futuro Plano General de Palma. Por otro lado, hay que recordar que el Govern ya estableció que el régimen de VPO fuera permanente y que no finalizara al cabo de treinta años, como pasaba anteriormente.
La audiencia ha contado con la asistencia de la presidenta de la Asociación Constructores de Balears y vicepresidenta de la CAEB, Francisca Alba; el presidente de la Asociación Empresarial de Promotores Inmobiliarios de Baleares (PROINBA), Luis Martín; el presidente de la Comisión de Construcción y Empresas Auxiliares de la CAEB, Óscar Carreras, y la directora general de la Asociación de Constructores, Sandra Verger.
