El servicio de apoyo a los ayuntamientos en la detección de lucha contra las fiestas ilegales impulsado por la Oficina de Lucha Contra el Intrusismo comenzó a trabajar el pasado lunes tras la reunión de coordinación mantenida entre el Consell Insular d’Eivissa y los ayuntamientos de la isla, en la que participaron el consejero Mariano Juan, el jefe de servicio de Ordenación Turística, Mariano Yepes, el concejal de Gobernación del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, Juan Carlos Roselló, la concejala de Gobernación de Sant Josep de sa Talaia, Pilar Ribas, la concejala de Policía Local de Sant Antoni de Portmany, Neus Mateu, representantes de los cuerpos de Policía Local de Eivissa, Santa Eulària des Riu, Sant Josep de sa Talaia y Sant Antoni de Portmany y representantes de la empresa que ejecutará el servicio después de haber sido la adjudicataria del contrato.
El consejero de Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, explicó que “ante una problemática que afecta a competencias municipales, como son las actividades y el orden público, el Consell d’Eivissa podía hacer dos cosas: ponerse de perfil, como hicieron otras administraciones el año pasado, o desempeñar su papel vertebrador y municipalista, que es lo que se ha hecho desde el primer momento”. En este sentido, Juan recordó la prueba piloto del pasado año, que sirvió para denunciar a 29 personas que fueron denunciadas ante los ayuntamientos, el Govern balear y la Agencia Tributaria.
En la reunión, el conseller dio cuenta de la adjudicación del servicio que cubrirá toda la isla con 4 investigadores extranjeros y un administrativo infiltrándose en este tipo de fiestas gracias a las investigaciones a través de redes sociales. En la reunión se pactó incidir especialmente en todas aquellas personas que publiciten las fiestas a través de internet o se dediquen a la captación de clientes en zonas de ocio de la isla. El objetivo es desarticular estas fiestas antes de que empiecen o, al menos, facilitar la labor de identificación de los responsables para poder tramitar los expedientes adecuados. Se recuerdó que el decreto aprobado recientemente por el Govern balear a instancias del Consell d’Eivissa sanciona a todas las personas que participen en la organización de una fiesta ilegal incluyendo los captadores de clientes y relaciones públicas, quien las publicite en redes sociales así como las empresas suminitradoras de material y servicios (equipos de música, bebidas, DJ, transfer, etcétera) y también participantes con multas que, en los casos más graves, pueden alcanzar los 300.000 euros.
El equipo de gobierno recordó su compromiso con un modelo de turismo legal y ordenado como camino de garantizar la sostenibilidad de nuestra principal industria, responsable de más del 90% del PIB de nuestra isla, así como, directa o indirectamente, de la enorme mayoría de puestos de trabajo.
