Garantizar la máxima información actualizada a los profesionales que trabajan en el ámbito de protección al menor y la justicia juvenil, y ser así más eficientes en las actuaciones que se planteen para cada caso. Con este objetivo, la Conselleria de Asuntos Sociales y Deportes y el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) han firmado el primer convenio de cooperación que fija unos determinados protocolos para actuar con los niños y niñas y adolescentes que están o han sido sometidos a la vez a medidas de protección y de justicia juvenil.
La consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, y la consellera de Derechos Sociales y presidenta del IMAS, Sofia Alonso, han firmado este convenio, que hará más eficiente la colaboración interadministrativa entre el IMAS y la Dirección General de Infancia, Juventud y Familias y la Fundación Instituto Socioeducatiu s’Estel, ambas dependientes del Govern, para agilizar y unificar las intervenciones y el canal de intercambio de información.
El objetivo final de este convenio de cooperación interadministrativa es facilitar todas las herramientas y la máxima información posible a los profesionales para que puedan diseñar el mejor plan de actuación para cada una de las personas menores de edad que tienen, a la vez, una medida de protección y una medida de justicia juvenil.
En palabras de la consellera Santiago, «cada vez más, hay menores que comparten medidas en el sistema de protección y en el sistema de justicia juvenil. Se tiene que garantizar el mismo tratamiento de actuación en cada menor afectado, así como agilizar la coordinación entre los dos sistemas. Este protocolo lo facilita. Un protocolo necesario también porque los menores afectados son altamente vulnerables».
Por su parte, la consellera Sofia Alonso señala que «establecemos unos métodos de actuación claros y universales, que mejorarán todavía más una colaboración que ya existía y que es clave para garantizar la protección de las personas menores de edad y facilitar la tarea de los profesionales que trabajan para garantizar su plena inserción social» y ha añadido que «especialmente en casos de especial vulnerabilidad, como puede ser un maltrato, es importante ser ágiles a la hora de actuar».
En el acto de la firma también ha estado presente la directora insular de Infancia y Familia, Mari Ángeles Fernández Valiente, quien ha recalcado que «es importante tener muy fijados unos criterios para que todos los profesionales tengan claro en todo momento los pasos a seguir y hacer así más sencillo el seguimiento de cada caso particular».
Concretamente, de acuerdo con este convenio de cooperación, se establece:
– Un protocolo de colaboración técnica y administrativa específico para atender a las personas menores de edad que tengan a la vez una medida de protección y una de justicia juvenil, compartiendo información de cada caso, con acceso a las bases de datos respectivas, y creándose una comisión de seguimiento para que esto se cumpla.
– Una coordinación específica en situaciones graves y/o urgentes de maltrato infantil por abuso sexual o explotación sexual infantil de las personas menores de edad con medida de justicia juvenil.
– Un protocolo para acceder a los expedientes con medida de protección por parte del personal adscrito al programa Atura’t, de la Dirección General de Infancia, Juventud y Familias. Este programa está especializado en la atención a las personas menores de edad que han cometido un delito contra la indemnidad sexual; para poder llevar a cabo una mejor evaluación y tratamiento es importante que sus profesionales puedan acceder, si es oportuno, a la información de otros servicios del IMAS por donde previamente haya pasado este joven.
– Los compromisos económicos de ambas partes:
- Respecto a los gastos de las personas menores de edad tuteladas que cumplen alguna medida de privación de libertad, el IMAS se hace cargo de los gastos propios del joven como la ropa, gastos sanitarios, educativos, etc.
- En cuanto al abono de las responsabilidades civiles que se decreten, derivadas de una persona menor de edad tutelada con privación de libertad, las cantidades reclamadas las pagarán Govern e IMAS al 50%.
