El Consejo de Ministros ha equiparado, a través de un Real Decreto-ley, las condiciones de las empleadas del hogar a las del resto de trabajadores, una reivindicación histórica de las plataformas de ese colectivo. El texto acaba con la discriminación que sufrían y asegura una adecuada valoración de su trabajo. La norma responde a un compromiso del Gobierno de coalición y hace efectiva la ratificación por parte de España del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado que el decreto convierte a España en “un país mejor que pone en el centro de su actuación pública el bienestar para las que, hasta el día de hoy, han sido las grandes olvidadas, las mujeres trabajadoras más vulnerables”. Un colectivo -ha añadido- con características singulares: más de un tercio de estas mujeres superan los 55 años, un 44% son extranjeras, y más de la mitad desempeñan ese trabajo a tiempo parcial.
La ministra ha destacado el carácter feminista de la norma, ya que engloba tanto a las trabajadoras más vulnerables como a las empleadoras, y también su valor social, pues restituye derechos de los que el legislador ha privado a este colectivo, una vulneración condenada por los tribunales de justicia europeos.
Prestaciones por desempleo y otros derechos
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La principal novedad del decreto, como ha apuntado Yolanda Díaz, es que las personas trabajadoras del hogar tendrán derecho a la prestación contributiva de desempleo y a todas las prestaciones asistenciales vigentes en el ordenamiento jurídico laboral. Será obligatorio cotizar por desempleo y al Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) a partir del 1 de octubre, y se garantiza la cobertura indemnizatoria de las trabajadoras en caso de insolvencia del empleador.
Además, la norma protege a estas trabajadoras frente a despidos injustificados y elimina la figura del desestimiento, que es una forma de despido sin causa, en la medida en que no requiere acreditarse. A partir de ahora, también disfrutarán en plena igualdad de los derechos de información sobre sus condiciones laborales, y el Ejecutivo pondrá en marcha políticas de formación y acreditación específicas.
Bonificaciones para el empleador
Respecto a la seguridad y la salud en el trabajo, se incorpora a estas mujeres al ámbito de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y se crea una comisión de estudio con enfoque de género para abordar las enfermedades profesionales.
Otra gran novedad subrayada por la vicepresidenta es que, además de la reducción a las cotizaciones que existe en la actualidad, los empleadores tendrán derecho a una bonificación del 80% en las aportaciones a la cotización por desempleo y al FOGASA. De esta forma -ha señalado la vicepresidenta segunda-, se protege a las trabajadoras vulnerables y, al mismo tiempo, a las familias que necesitan sus servicios.
