El Consejo de Ministros ha regulado la compatibilidad del Ingreso Mínimo Vital (IMV) con los ingresos procedentes de rentas del trabajo o de la actividad económica por cuenta propia, con el fin de mejorar las oportunidades reales de inclusión social y laboral de las personas beneficiarias de esa prestación.
La norma fija un mecanismo que garantiza a los titulares del IMV que encuentren trabajo, o mejoren sus condiciones laborales, el aumento de su renta disponible. Se trata de uno de los compromisos recogidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para este año.
La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha explicado que este incentivo entrará en vigor en enero de 2023 y se activará de forma automática en función de los cambios en la situación del beneficiario, sin necesidad de solicitarlo. “Cero papeleos”, ha dicho.
La ayuda será más intensa para apoyar los incrementos de salario iniciales, así como en el caso de las familias monoparentales, las personas con discapacidad y quienes se incorporen al mercado laboral. La estimación es que el número de beneficiarios alcance las 45.000 personas.
Actualmente reciben el IMV en España más de medio millón de hogares, en los que viven 1,4 millones de personas. El 43% de ellas son menores, por lo que está prestación también contribuye a la lucha contra la pobreza infantil, “una de las acciones prioritarias de este Gobierno”, ha subrayado Rodríguez.
