El pasado 26 de septiembre de 2022, la Asociación Español de Asesores Fiscales (AEDAF) celebró una jornada de trabajo dedicada al análisis y valoración del denominado valor de referencia.
Como es de sobra conocido, con la entrada en vigor el año pasado de la Ley 11/2021 de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, popularmente conocida como “Ley Antifraude”, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales ya no se calcula a partir del valor real, sino del mencionado valor de referencia.
Pasado un año de la entrada en vigor de dicha norma, desde la Asociación Español de Asesores Fiscales, se han reunido para valorar el impacto de la medida y apuntar algunas consideraciones a tener en cuenta.
En este sentido, Rubén Rúa, coordinador del Grupo de Expertos en Haciendas Locales y Catastro de AEDAF ha manifestado, entre otros, que desde la Asociación se espera que haya un aumento del ámbito de exclusión de algunos inmuebles, con la finalidad de que en los municipios no existan valores inmuebles superiores al millón de euros, al entender que estos no son representativos y su existencia genera una litigiosidad indeseable.
Por otro lado, Juan Manuel Herrero de Egaña, miembro del Grupo de Expertos en Haciendas Locales y Catastro de AEDAF, ha puesto el énfasis en la insuficiencia normativa, y los graves perjuicios que de ella se derivan.
En este sentido, coinciden distintas voces de la Asociación en la necesidad de que se dé, a la mayor brevedad posible, un desarrollo reglamentario a la norma que aclare sus incertidumbres, y dote de seguridad jurídica a todos los operadores económicos.
Por su parte, Manuel Esclapez, miembro del Grupo de Expertos en Haciendas Locales y Catastro de AEDAF, ha reclamado “que se flexibilice durante el ejercicio la determinación del valor de referencia y que permita ponderar según las circunstancias particulares del inmueble o del mercado”.
Estas consideraciones no son una excepción, sino que se suman a otras voces como las de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), que de un tiempo a esta parte vienen poniendo el foco en las cuestiones más espinosas de la norma y reclamando la necesidad de dotarla de algunos cambios y mejoras.
