Las patronales bancarias han acordado, en una reunión con la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, una hoja de ruta con el objetivo de que las entidades de crédito aseguren el acceso a servicios financieros presenciales para el 100% del territorio, lo que favorecerá la lucha contra la despoblación y contribuirá a una adecuada vertebración territorial.
Este compromiso se materializará en una nueva actualización del ‘Protocolo Estratégico para Reforzar el Compromiso Social y Sostenible de la Banca’, suscrito el 23 de julio de 2021 por la Asociación Española de Banca (AEB), la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) y la Unión Española de Cooperativas de Crédito (Unacc). Este Protocolo se actualizó en febrero de 2021 para garantizar la inclusión financiera y la atención personalizada de los mayores.
El acuerdo establece un marco de actuación que se articulará con pleno respeto a la normativa de competencia para garantizar al menos un punto de acceso a servicios bancarios presenciales a través de distintas modalidades a las más de 660.000 personas que residen en los 3.230 municipios que no disponen de este servicio.
Asimismo, se incluyen medidas para garantizar el mantenimiento de servicios bancarios presenciales en aquellos municipios que cuentan actualmente con un único punto de acceso.
Servicios financieros presenciales en municipios sin acceso
En el protocolo se establecen las modalidades de prestación de servicios bancarios presenciales en función del tamaño de la población. Así para aquellos municipios de más de 500 habitantes, un total de 243 municipios, en los que habita el 0,45% de la población, unas 211.000 personas, se dispondrá de al menos un punto de acceso a través de las modalidades de oficina bancaria, cajero automático, oficinas móviles y/o agentes financieros.
El desarrollo de este compromiso se apoyará también en la colaboración público-privada, que podrá llevarse a cabo, entre otras modalidades, a través de la cesión de un espacio físico adecuado, con las condiciones de seguridad necesarias, y de las conexiones a infraestructuras tecnológicas oportunas.
Las entidades asociadas dispondrán de un plazo de seis meses, ampliables en otros seis más, para para garantizar la puesta en marcha de al menos uno de los puntos de acceso, mediante actuaciones individuales, tanto directamente como mediante su participación en licitaciones realizadas por las administraciones públicas interesadas.
En aquellos municipios que transcurridos los seis meses fijados no cuenten con un punto de acceso, el sector se compromete en el plazo adicional de seis meses, a través de una iniciativa conjunta, a la instalación de un cajero genérico, gestionado por un operador específico, con las funcionalidades necesarias para la prestación de servicios bancarios básicos y que permita la retirada de efectivo. Esta iniciativa se completará con el desarrollo de acciones formativas dirigidas a facilitar el uso del nuevo servicio.
Para aquellos municipios de menos de 500 habitantes sin punto de acceso a servicios financieros, un total de 2.987 municipios en los que vive el 0,99% de la población, en torno a 446.000 personas, se garantiza la provisión de servicios bancarios básicos, incluyendo el acceso al efectivo.
Para estos municipios, la prestación de estos servicios podrá realizarse adicionalmente a través de carteros rurales, que permiten alcanzar el 100% del territorio, o a través de las modalidades de cash back o cash in shop, mediante la suscripción de acuerdos que habiliten la retirada de efectivo en establecimientos como ayuntamientos o comercios, además de bajo las modalidades establecidas para los municipios de más de 500 habitantes.
Refuerzo de servicios en municipios con un único punto de acceso
El acuerdo para la actualización del protocolo alcanzado recoge también compromisos en relación con aquellos municipios que cuenten con un único punto de acceso físico a servicios bancarios, con el fin de mantener la provisión de este servicio.
Las entidades que planeen cerrar el único punto de acceso que pueda existir en estos municipios se comprometen a comunicárselo a sus clientes con un plazo de antelación de al menos 4 meses salvo imposibilidad sobrevenida. Además, estos municipios se incorporarán a los objetivos desarrollados en el protocolo, comunicando la previsión de cierre al Observatorio para su incorporación al estudio de diagnóstico con el objetivo de que se pueda sustituir el servicio prestado por otro en línea con los establecidos para municipios en la misma categoría de población, de modo que se mantenga el acceso a los servicios bancarios.
Banca electrónica y telefónica
Todas estas iniciativas serán complementadas con los servicios de banca electrónica y telefónica desarrollados por las entidades financieras. En este sentido, las entidades continuarán impulsando la capacitación digital y financiera de sus clientes en el ámbito rural mediante programas de formación, incluyendo formación específica a segmentos de personas mayores.
Cobran especial importancia, a este respecto, las iniciativas desarrolladas por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transición Digital para reducir la brecha digital de las zonas rurales, tanto en lo que se refiere a incrementar la cobertura rural de redes de 100 Mbps con vistas a la desaparición completa de la brecha digital a más de 100 Mbps entre zonas rurales y urbanas en 2025, como en lo que se refiere a mejorar las coberturas de 4G y de 5G.
Seguimiento y revisión de los compromisos
Se encargará a un experto independiente el seguimiento continuado de las medidas que se vayan implementando, con el objetivo de reajustar la hoja de ruta en caso de necesidad e identificar alternativas que permitan el mejor cumplimiento de los objetivos perseguidos.
Para ello se realizará un estudio anual que revise el diagnóstico de los puntos de acceso a los servicios financieros y de manera complementaria, las asociaciones bancarias elaborarán informes de situación trimestrales, dando seguimiento a las actuaciones comprometidas.
Ambos estudios recogerán la información remitida por las entidades financieras sobre los municipios inicialmente incluidos en el ámbito del protocolo, detallando los nuevos puntos de acceso, así como las localidades en las que se haya producido el cese de servicios a través de oficina móvil o agentes financieros.
