La Mesa Sectorial de Educación ha tratado hoy el proyecto de Decreto de Educación Inclusiva de las Islas Baleares. Este Decreto forma parte del desarrollo normativo de la Ley de Educación de las Islas Baleares. El documento ya se ha debatido en las mesas de directores, de familias y de concertada y próximamente se presentará en el Consejo Escolar de las Islas Baleares.
Este Decreto responde a la decisión, la voluntad y el compromiso político firmes del Gobierno de las Islas Baleares de consolidar un modelo de políticas sociales y educativas basadas en el respecto a la dignidad humana y a los derechos fundamentales de todas las personas a lo largo de todo su ciclo vital, el cual tiene que asegurar la protección social, tiene que dar respuesta a las necesidades derivadas de las situaciones de vulnerabilidad, precariedad y exclusión social, y tiene que favorecer el derecho al desarrollo pleno de todas sus capacidades en condiciones de igualdad de oportunidades. A la vez quiere ser un impulso para fomentar entornos educativos saludables, acogedores y de acompañamiento que eliminen las barreras que impiden, limitan o reducen el pleno ejercicio del derecho a la educación.
En el Decreto se establecen las funciones de la administración educativa, de los centros educativos, de las familias y del alumnado. Además define el concepto de atención educativa inclusiva, las medidas y apoyos para la organización de la respuesta educativa inclusiva y define las medidas de carácter universal, adicionales e intensivos. También dedica un apartado al tratamiento inclusivo en la formación profesional y en las enseñanzas de régimen especial.
Además, el Decreto hace una especial mención a la evaluación inclusiva estableciendo los principios, recoge la participación de las familias y se refiere a los procesos de transición. Se dedica un capítulo a la evaluación psicopedagógica y social y otro a la escolarización del alumnado en el marco de la educación inclusiva que recoge desde la escolarización equilibrada a la atención domiciliaria y hospitalaria pasando por las aulas UEECO y los centros de educación especial.
El Decreto incorpora la figura de los centros de educación especial como proveedores de servicios y recursos (CEEPSIR) que ya se ha probado como proyecto piloto este curso en algunos centros con muy buen resultado.
Por otro lado, se dedica un capítulo a la orientación educativa, social y profesional y otro a las equipaciones y recursos. En este capítulo se establece que la Administración educativa tiene que financiar y proporcionar los servicios, recursos y medios necesarios para la educación inclusiva y también que todos los miembros de la comunidad educativa constituyen apoyos personales para la inclusión.
El documento prevé la creación de la Comisión para la promoción de la educación inclusiva formada por representantes de las administraciones públicas con competencias en materia de educación, salud, servicios sociales y comunitarios y entidades representativas en el ámbito de la educación inclusiva con el fin de impulsar actuaciones que favorezcan la inclusión educativa del conjunto del alumnado.
Además, se establece la cooperación entre la Administración educativa y la Universitat de les Illes Balears para garantizar que la formación inicial del profesorado capacite para trabajar adecuadamente los objetivos de inclusión educativa.
