El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley Orgánica Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos, que aborda de manera integral la lucha contra todas las formas de trata y de explotación, desde la sexual y la laboral al tráfico de órganos.
La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha afirmado que la futura ley “será un antes y después en el compromiso con la protección de los derechos humanos”, permitirá amparar a través de herramientas legales, institucionales y de carácter social “a personas que sufren mucho en nuestro país y también en otros países del mundo” y reforzará la lucha contra las mafias de explotación y el crimen organizado. La trata es el tercer negocio más lucrativo después del tráfico de armas y de drogas según los organismos internacionales.
El anteproyecto parte de un texto elaborado por encargo de la propia ministra a una comisión especial constituida dentro de la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia, ha sido coordinado por los ministerios de Igualdad, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Interior y Justicia y ha incorporado aportaciones de otros nueve departamentos.
Llop ha subrayado este compromiso de todo el Ejecutivo, encabezado por su presidente, Pedro Sánchez, y ha manifestado su implicación personal con un proyecto “que realmente merece la pena, porque no hay nada más importante que la protección de las personas más vulnerables”.
Protección y asistencia a las víctimas de trata
Pilar Llop ha explicado que la norma incide en la asistencia y protección a las víctimas, a la que se garantiza toda una serie de derechos y medidas de apoyo: “Como estado social y de derecho que somos, es fundamental que ofrezcamos un itinerario para que quiénes están atrapados, quiénes se ven inmersos en estas redes, puedan salir”.
Una de las principales novedades es la creación del Mecanismo Nacional de Derivación (MND) como órgano encargado de la inmediata derivación de las presuntas víctimas de trata a los servicios especializados. Este Mecanismo estará adscrito a una Relatoría Nacional sobre Trata y Explotación de Seres Humanos, dependiente del Ministerio del Interior, que supervisará todas las políticas públicas en materia de trata y explotación y desempeñará el papel de coordinador nacional a los efectos de representación de España en el ámbito internacional.
Pilar Llop ha destacado que la norma sigue todas las recomendaciones internacionales del Convenio de Varsovia, el protocolo de Palermo, el protocolo de la Organización Internacional del Trabajo, la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y el Consejo y las del Grupo de Expertos contra el Tráfico de Seres Humanos del Consejo de Europa (GRETA).
La futura ley también incluye medidas para desincentivar la demanda y “tratar de romper la cadena de negocio que se genera utilizando a los seres humanos como mercancías”, y consecuentemente, aspectos de carácter penal, jurídico y procesal “para combatir más eficazmente contra el crimen y evitar la impunidad”, ha concluido la ministra.
