El Consejo de Ministros ha abordado el anteproyecto de Ley de Familias, basado en cuatro pilares: la ampliación de la protección social a las familias y el apoyo a la crianza; la garantía del derecho a la conciliación; el pleno reconocimiento jurídico de los distintos tipos de familia, y la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Entre las medidas recogidas en el texto, figura la extensión de la renta crianza de 100 euros al mes a un mayor número de familias con hijos e hijas de 0 a 3 años, así como la ampliación de la protección de la que se benefician las familias numerosas a otras como las monomarentales con dos hijos. Además, se crean tres permisos de cuidados: uno de cinco días al año, retribuidos, para atender a un familiar hasta segundo grado o conviviente; un permiso parental de ochos semanas, que podrán disfrutarse de manera continua o discontinua, hasta que el menor cumpla 8 años, y un permiso por ausencia por fuerza mayor familiar que será de 4 días retribuidos al año.
Por otra parte, el Gobierno ha remitido a las Cortes el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible para su tramitación y aprobación en 2023, cumpliendo así uno de los compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La norma facilitará que las políticas públicas de transporte y movilidad respondan mejor a las necesidades de los ciudadanos y contribuyan a la descarbonización, la digitalización y la cohesión social y territorial.
El nuevo marco regulatorio reconoce la movilidad como un derecho de toda la ciudadanía, recoge la importancia estratégica del transporte de mercancías, prioriza la movilidad activa y el transporte público colectivo, refuerza el papel de las zonas de bajas emisiones y apuesta por la digitalización y por invertir mejor. También introduce la obligación de que las empresas de más de 500 trabajadores, o 250 por turno, cuenten con planes de movilidad sostenible al trabajo.
También en el ámbito del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el Ejecutivo ha dado luz verde al anteproyecto que modifica la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, un cambio que facilitará las necesidades de planificación de los territorios y las actuaciones de rehabilitación y construcción de vivienda social en alquiler.
Además, el Ejecutivo ha aprobado nuevas subvenciones en el marco del programa ‘Kit Digital’, dirigido a impulsar la digitalización de los autónomos y las pymes, y ha abordado sendos informes sobre la gestión de la Administración General del Estado en el territorio y sobre la colaboración del Gobierno con las comunidades autónomas.
