El arraigo por formación es una figura que se ha incorporado como nueva figura a las reformas de la Ley de Extranjería que está pensado para que la gente se capacite, especialmente diseñado para el déficit de ocupaciones profesionales sin cubrir. La idea de este cambio es que la gente que se ha quedado irregular en España acceda a algún tipo de formación.
En un comienzo este arraigo de formación una vez se haya acabado la capacitación se podrá modificar por una autorización de residencia y trabajo siempre y cuando la persona presente una oferta de trabajo relacionada con el oficio en el que se ha estudiado.
En la ponencia sobre esta temática de la abogada Carolina Quintana en el foro a las reformas de la Ley de Extranjería, advirtió a los interesados que el aspirante a acogerse a esta figura deberá haber estado un mínimo de dos años en España carecer de antecedentes penales, no tener prohibida la entrada al país.
Este arraigo, explicó la letrada, en un comienzo otorga doce meses de residencia y si al concluir la formación encuentra un empleador se concede un permiso de residencia y trabajo por dos años. En su explicación, la profesional ahondó en más requisitos que el solicitante está obligado a cumplir.
El arraigo social
Por su parte, la abogada colombiana, Beatriz Tobón se refirió a la figura del arraigo social que es una autorización de residencia temporal que obtienen los extranjeros cuando han residido tres años ininterrumpidos en España.
Uno de los requisitos más importantes para acogerse a este tipo de arraigo es contar con una oferta de trabajo de una empresa que demuestre solvencia económica y no tenga deudas impagadas con la Seguridad Social o Hacienda.
En España este es el modelo al que se acogen centenares de inmigrantes para regularizar su situación administrativa.
Sin embargo, la abogada Tobón recomendó verificar la solvencia económica del empleador.
Es difícil que el solicitante se asegure de que su empleador tiene medios económicos, pues hay casos en los que extranjería deniega los papeles por este motivo. En esa línea, Beatriz dice que a veces el solicitante pierde tiempo debido a la falta de solvencia de la empresa ofertante. Otro de los cambios del arraigo social en esta reforma tiene que ver con la aprobación de la administración de contratos como temporales o fijos discontinuos, sin embargo, la abogada Beatriz advierte que se ha encontrado casos en que las oficinas de extranjería manejan un criterio propio exigiendo los doce meses de relación laboral.
En otro orden de ideas, para Margarita Palos, una de las abogadas más laureadas en asuntos de extranjería, opinó que el gobierno ha adaptado la normativa para mejorar la posición de los extranjeros en España. “Me congratula que en esta reforma se hayan favorecido a los descendientes de españoles, no solamente los de origen sino los que han adquirido la nacionalidad española, esto permite agilizar algunos trámites como las reagrupaciones”.
Baleares no es Guadalajara
El problema para esta profesional del derecho estriba en el poco personal que tiene la oficina de extranjería en Palma.
“Los funcionarios hacen su trabajo de la mejor manera”, para añadir que son muy competentes en las funciones que desempeñan”.
Para la abogada Palos Nadal el problema es que la Oficina de Extranjería de Palma está infradotada. Sin duda, para ella, se necesita más personal porque “para nadie es un secreto que Baleares sufre una presión migratoria brutal que exige una respuesta eficiente de la administración para resolver bien los expedientes y en los plazos que determina la ley”.
En tono irónico, la abogada comparó lo que vive las islas respecto a las otras regiones de España.
“Alguien en Madrid ha perdido el sentido de la orientación, esto no es Guadalajara, estamos en Baleares”.
Desde su perspectiva profesional, se ha avanzado al futuro en medios electrónicos en el tiempo, pero la falta de personal en extranjería está ocasionando que los ciudadanos que requieren un trámite pierdan sus puestos de trabajo, o incluso han llegado a morirse los empleadores que presentan una oferta de trabajo para regularizar a alguien.
La abogada reprocha que la administración tarde de 9 a 10 meses en resolver un arraigo social. “Hace algunos años se resolvían en quince días, ahora ocurre todo lo contrario causando estragos en la gente pretende regularizarse”, matiza.
Otro de los perjuicios de estos retrasos es el bloqueo de las cuentas por parte de los bancos a los clientes que no presenten sus documentos renovados. La experiencia de la abogada dice que a algunos de sus clientes los bancos no les aceptan la solicitud de la renovación, e incluso, también rechazan la carta de la concesión de la renovación.
