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lunes, diciembre 23, 2024
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    Xisco Peña: “Estamos detectando con preocupación un aumento en casos de menores de edad y embarazadas”

    Entrevistamos en simultánea a Xisco Peña, vocal del Observatorio de Derecho a la Atención Sanitaria (ODAS) de Illes Balears de Médicos del Mundo y a Rafael Campos, vocal de la Junta Directiva de Metges del Món Illes Balears y referente de REDER (La Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012) en Baleares.

    Ambos nos expusieron la problemática a la que se ven sometidos inmigrantes en situación irregular administrativa para ser atendidos, e incluso, personas que tienen sus papeles en regla.

    Baleares Sin Fronteras: ¿La atención sanitaria en Baleares cubre a todos los residentes, o existen limitaciones a la hora de prestación del servicio?

    Teóricamente en Baleares contamos con asistencia universal para todas las personas que residen en el territorio balear y no cuentan con cobertura de país de origen.

    Pero en la realidad existen barreras en la obtención de la tarjeta sanitaria, como es la barrera al empadronamiento, lo que causa que en los servicios sanitarios se informe que si acceden a la atención sanitaria serán facturados y eso causa que las personas con barreras de acceso se vayan sin la atención al no poder permitirse el pago correspondiente.

    BSF: ¿Han denunciado casos cuya atención haya sido denegada en los PAC?

    Desde Médicos del Mundo, en 2022 se han detectado 7.074 vulneraciones a nivel estatal durante 8 meses de recogida de información (https://www.youtube.com/watch?v=b8PGliWdt3E) y solo en Baleares hemos recogido en todo el 2022: 808 barreras de acceso a la salud en 417 personas tanto en los PAC como en servicios de atención de urgencias hospitalarios, incluidas 22 casos de facturación en urgencias a personas en situación de vulnerabilidad social.

    Cada vez que registramos una vulneración de acceso a la asistencia nos coordinamos con la Conselleria de Salut para buscar soluciones.

    Pero tristemente es imposible llegar a todas las personas y en muchas ocasiones las soluciones alcanzadas implican un retraso en la asistencia sanitaria que repercute negativamente en la salud de las personas. Justo el martes 10 de enero mantuvimos la última reunión con la Consellera de Salut, Patricia Gómez, el Director del IBSalut, Manuel Palomino, y la Directora de Humanización, Rosa Duro, en relación a estas situaciones.

    BSF: ¿El colectivo inmigrante es el más afectado de acuerdo a los casos que manejan?

    Sí, mayoritariamente recogemos casos de personas procedentes de América Latina.

    Hay que tener en cuenta que no registramos las barreras de las personas que acuden a nuestras islas de vacaciones (ya que tienen cobertura a través de los seguros de viaje o la tarjeta europea), por lo que las personas que ven vulnerado su derecho a la asistencia sanitaria son migrantes en situación administrativa irregular o regular mayoritariamente con barreras al empadronamiento o dificultades para realizar los trámites necesarios para obtener la tarjeta sanitaria.

    BSF: ¿Cuáles son los casos más frecuentes?

    Estamos detectando con preocupación un aumento en casos de menores de edad y embarazadas.

    Lo más común son personas que no han podido tramitar el empadronamiento por barreras desde las administraciones locales que tienen la obligación de empadronar a todas las personas residentes en sus municipios o aquellas personas con barreras para acceder a los trámites online.

    BSF: Pese a que desde esta comunidad autónoma se afirma que la atención sanitaria es un derecho, ¿creen que en la práctica el funcionariado de los PAC u hospitales la aplican?

    La teoría dice que se garantiza la atención individual, pero se está primando la facturación de aquellas personas que deberían tener la cobertura de seguro de viaje o cobertura tramitada en sus países de residencia y muchas personas de los centros de salud u hospitales no están teniendo en cuenta los casos de vulnerabilidad social y por tanto están vulnerando el derecho a la asistencia al pretender facturar la atención. Se está priorizando la facturación a la atención.

    BSF: ¿Qué opinan que se cobre 115 euros antes de una atención en el caso de que no se tenga la tarjeta sanitaria?

    Que es un método disuasorio y probablemente ilegal. Primero se debe atender a la persona y si se muestra que no tiene derecho a la asistencia gratuita, entonces proceder a la facturación a posteriori. Antes de facturar, se debe valorar la situación de vulnerabilidad y el personal de admisión no está capacitado para ello.

    BSF: ¿Cuál es el protocolo para ser atendido por una persona que no ha regularizado su situación en España?

    Para la obtención de la tarjeta sanitaria es necesario demostrar que se está residiendo en Baleares, para ello se ha de poder mostrar el empadronamiento o un informe de vulnerabilidad de la trabajadora social del centro de salud (ya que sin empadronamiento no se puede acceder a las trabajadoras sociales de servicios sociales comunitarios). Después se ha de demostrar que no proviene de un país con convenio bilateral, esta información se obtiene a través del INSS.

    BSF: ¿Dónde puede denunciar una persona a quien le sea denegada la atención?

    Pueden acudir a nuestras oficinas en Palma, Ibiza o Menorca, llamando al 971 204 359 les podemos facilitar la dirección y los horarios de atención en las tres islas.

    BSF: ¿Qué opina del caso de un ciudadano chileno que tiene permiso de residencia, cónyuge de una española, al que se le negó asistencia sanitaria en el PAC de S´Escorxador?

    El problema era que en ese momento no le habían expedido la tarjeta sanitaria ya que la cita era para marzo. Pues que tristemente es un caso habitual y que no debería ocurrir ya que esa persona está intentando tramitar la tarjeta.

    En teoría las citas con la administración del centro de salud para la tramitación de la tarjeta sanitaria deben ser inferiores a 48 horas, es decir se la deberían haber dado ya. Pero hay que tener en cuenta que los trámites de empadronamiento también pueden demorarse hasta 4 meses (tiempo en el que las personas quedan sin cobertura).

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