La Dirección General de Consumo impuso sanciones por un valor de 1,3 millones de euros el año pasado. Este es uno de los datos más relevantes que recoge la Memoria anual, que ha sido presentada hoy en el seno del Consejo de Consumo, presidido por el director general, Fèlix Alonso, quien ha felicitado a todos los profesionales por el intenso y eficaz trabajo que han llevado a cabo.
El Consejo de Consumo es un órgano de participación, información, consulta y asesoramiento en materia de consumo y defensa del consumidor, en el que tienen voz las asociaciones de consumidores y las organizaciones empresariales, además de las diversas administraciones.
Durante el encuentro se han presentado los datos de actividad más significativos de 2022. Entre ellos, destacan las sanciones por valor de 1.340.902 euros que se impusieron. La mayor parte del importe corresponde a sanciones derivadas de reclamaciones hechas por los consumidores (847.600 euros), mientras que el resto proviene de campañas de inspección (493.291). En total, se iniciaron 186 expedientes sancionadores en 2022 y se resolvieron 207.
Otro dato destacable es el incremento de las visitas al Portal de Consumo, que superaron las 530.000, es decir, más de 43.000 cada mes. Estas entradas no son solo para buscar información, sino también para llevar a cabo gestiones.
En este sentido, como resultado del impulso de la Administración electrónica, los trámites telemáticos subieron hasta 15.328 (en 2021 fueron 12.320) y las reclamaciones por vía digital llegaron a las 2.368 (2.144 en 2021).
No obstante, el Servicio de Atención al Consumidor mantiene las vías tradicionales de relación con la ciudadanía: atendió más de 10.100 consultas presenciales en las oficinas y dio respuesta a más de 2.600 consultas por vía telefónica.
En cuanto a las reclamaciones y denuncias, los profesionales tramitaron más de 7.400, lo cual implica un ligero descenso respecto a 2021, cuando tramitaron más de 7.700. Los sectores más reclamados fueron los bienes de consumo, seguidos de los transportes, las telecomunicaciones y los servicios básicos (electricidad, gas y agua).
La Junta Arbitral de Consumo recibió 1.431 solicitudes de arbitraje, un centenar menos que el año anterior. Los sectores más reclamados por esta vía fueron la telefonía, la electricidad, los muebles y los correos y paquetería. De los 1.255 casos resueltos por la Junta Arbitral, 843 fueron por laude de los árbitros y 412 por mediación. Además, el año pasado se adhirieron 42 nuevas empresas a la Junta Arbitral, que ya tiene 1.434.
Cerca de 12.000 unidades de productos inmovilizados y 49 campañas de inspección
En cuanto al Servicio de Inspección de Consumo y Vigilancia del Mercado, el año pasado sus profesionales hicieron 3.848 actuaciones y se visitaron 969 establecimientos. A raíz de las actuaciones de los inspectores, se inmovilizaron 11.720 unidades de productos diversos, sobre todo juguetes, mascarillas y productos de alimentación.
También se notificaron 62 alertas en la Red Nacional de Alertas, lo que supone un 8,69 % de todas las alertas comunicadas por las comunidades autónomas (713) y hace de las Illes Balears una de las regiones que más notifica.
Este servicio también llevó a cabo 49 campañas de inspección, 21 de ámbito nacional, 26 de ámbito autonómico y dos de ámbito europeo. De las campañas autonómicas, cabe destacar las 178 actuaciones para el control de precios de gasolineras y gasóleos iniciadas para verificar la aplicación del descuento establecido por el Gobierno del Estado.
El Servicio de Educación, Formación y Relaciones Institucionales organizó la 17ª edición del concurso Consumópolis, el cual, con 1.545 alumnos inscritos, triplicó el número de participantes en comparación con la 14ª edición.
Alonso ha destacado el esfuerzo realizado por la Dirección General de Consumo para reducir la brecha digital en el caso de las personas mayores, y ha recalcado que más de 250 personas se han beneficiado ya de la formación que ofrece la Dirección General de Consumo, en colaboración con el Consell Insular de Mallorca, a trabajadores y usuarios de los casales.
El director general ha remarcado que el Govern tiene muy presente que hay que acercar la Administración a la ciudadanía y que las personas vulnerables no pueden quedar atrás, de ahí que busque alianzas con otras instituciones y entidades para poner en marcha varias iniciativas. También se ha referido al programa «Consum a ca teva», en colaboración con casi todos los ayuntamientos de las Illes Balears, y la puesta en marcha del teléfono 900 166 000 para atender a dudas de las personas mayores.
