Una plataforma de peruanos salió el pasado 5 de febrero a la céntrica plaza palmesana a manifestarse en contra de la ola de violencia que sufre el país sudamericano, y que ha cobrado más de setenta vidas en las últimas tres semanas. “Abajo la dictadura, fuerza Perú”, fueron las primeras frases que lanzaron unas cincuenta personas que se congregaron para mostrar su rechazo a la “represión del gobierno”.
Prosiguieron la protesta denunciando la violación a los derechos humanos y “la masacre que se está presentando en varias regiones del país”, exigiendo elecciones anticipadas con referéndum incluido. “Necesitamos un nuevo contrato social, el cese de la violencia y una nueva asamblea constituyente”, pedían los manifestantes.
Los convocantes agradecieron el acompañamiento de representantes de otros países en lo que denominaron la “rueda solidaria”. Sarinova, una de las organizadoras de la jornada exigía la renuncia de Boularte, a ser juzgada por los crímenes de lesa humanidad. Las últimas informaciones apuntan a que el pleno del Congreso debate el informe final que busca acusar al expresidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. Se trata de la denuncia constitucional que en octubre pasado presentó la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
La fiscalía señala a Pedro Castillo como el presunto cabecilla de una organización criminal que habría operado en tres sectores del Estado: el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento -dirigiendo irregularmente proyectos- el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) -mediante licitaciones de Provías Descentralizado – y PetroPerú, según informa el Diario El Comercio de Perú.
Los congresistas peruanos vuelven a bloquear la posibilidad de elecciones anticipadas quedando en el limbo la posibilidad de un cambio radical para la compleja situación que se vive en el país.
