El Parlament de les Illes Balears ha validado este martes la Ley de Áreas Municipales de Impulso Comercial (AMIC) que el Consell de Govern aprobó el pasado 7 de noviembre, un instrumento de colaboración público-privado que tiene el objetivo de mejorar la economía local a través del tejido comercial, mediante la cooperación entre negocios, y entre éstos y los ayuntamientos, en los centros comerciales tradicionales.
«El futuro de nuestras economías locales empieza por reforzar el modelo colaborativo», ha destacado el vicepresidente del Govern y conseller de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, Juan Pedro Yllanes, que ha defendido hoy en el Parlament esta norma promovida desde la Dirección General de Comercio del Govern. «La colaboración multidisciplinaria proporciona ventajas clave para bregar con grandes multinacionales que disponen de muchos más recursos, ya sean grandes superficies o gigantes del comercio electrónico. Tener éxito con un negocio hoy en día necesita de marcos más amplios que no la acción individual», ha añadido.
El objetivo de la Ley es impulsar la creación de redes colaborativas para modernizar y promocionar áreas de concentración de actividad económica en los centros urbanos. Esto se llevará a cabo mediante la firma de un convenio, con una duración limitada, entre los comercios y los ayuntamientos, para desplegar un plan de actuación abierto a los cambios que sus propios componentes decidan en asamblea.
Así, una AMIC es una zona geográfica de uno o varios municipios previamente delimitados, donde la administración o administraciones locales se ponen de acuerdo con las actividades empresariales para promover y dinamizar una zona comercial mediante un plan de actuación que tiene que adecuarse a las finalidades que, en asamblea, hayan decidido los componentes de la AMIC.
Se trata, pues, de una herramienta habilitante que ha sido consensuada con todos los agentes y que tiene como objetivo facilitar la autoorganización de las propietarias y los propietarios y comerciantes de locales de negocios abiertos al público para desarrollar iniciativas de mejora. Es totalmente voluntaria, democrática y por iniciativa de los mismos comercios, los cuales actuarán con responsabilidad financiera propia, y su gestión será autónoma.
«Esta Ley constituye no sólo una herramienta útil, urgente y necesaria para la revitalización comercial de los pequeños comercios en determinadas áreas degradadas de los municipios del archipiélago balear, sino que, además, facilita la protección e impulso del pequeño comercio y lo dota de un instrumento con el que hacer fuerza ante la situación de vulnerabilidad que sufren frente a las grandes superficies comerciales, el comercio electrónico o la venta ambulante no autorizada», ha concluido el vicepresidente Yllanes.
La norma completa la planificación y la apuesta por un modelo de comercio de proximidad que el Govern ha hecho durante toda la legislatura, con iniciativas como la catalogación y promoción de comercios emblemáticos, que ya suman más de 250 en todas las Islas; las ayudas a la modernización, la rehabilitación, la digitalización y la mejora de la competitividad del pequeño y mediano comercio, este año por un valor récord agregado de casi nueve millones de euros entre fondos propios y Next Generation; las campañas de bonos comerciales, así como el apoyo a proyectos colectivos de dinamización comercial que tan buena acogida han obtenido como la Fira d’Estocs de Menorca, la campaña Viu Mallorquinament o Manacor Encantat.
Los negocios comerciales urbanos son un sector clave para la diversificación económica en las Illes Balears, con más de 60.000 trabajadoras y trabajadores y 15.000 establecimientos y empresas.
