Por José María Sánchez
Graduado en Derecho
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El Gobierno ha aprobado este jueves por real decreto ley una de las reformas más importantes de la legislatura esa importancia es, porque estamos hablando de nuestro futuro: la del sistema de pensiones. El Consejo de Ministros celebra una reunión extraordinaria para poner en marcha el nuevo modelo, centrado en el aumento de ingresos para garantizar la sostenibilidad sin recortar las prestaciones. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, logró el apoyo de la Comisión Europea y de Unidas Podemos la semana pasada. A ellos se sumaron este miércoles los sindicatos, cuyos órganos directivos dieron luz verde al planteamiento del Ejecutivo. No participa en el acuerdo la patronal, como tampoco formó parte del reciente acuerdo que elevó el salario mínimo a 1.080 euros.
El principal problema que ha retrasado la reforma, que el Gobierno pretendía cerrar antes de que acabase el año pasado, es el periodo de cómputo (los años de cotización que sirven para calcular la cuantía de la pensión). Finalmente, Escrivá consiguió convencer a la Comisión y a sus socios del Ejecutivo con una opción dual: los pensionistas podrán elegir entre quedarse en el sistema actual, de 25 años, o pasar a un cálculo de 29 años, pudiendo excluir los dos de peor cotización. La Seguridad Social aplicará directamente el sistema que más beneficioso resulte a cada pensionista. Este doble sistema convivirá hasta 2044, cuando el sistema de 27 años quedaría como el único posible.
La parte central de la reforma es el refuerzo de la estructura de ingresos, para que el sistema resista los desafíos a los que se enfrenta que es el envejecimiento de la población. Esto se consigue mediante el aumento de las bases máximas de cotización (de 4.495 euros mensuales en 2023) de 2024 a 2050, añadiendo a la tasa anual del IPC una cuantía fija de 1,2 puntos porcentuales; una cuota de solidaridad a los salarios más altos del 1% en 2025 que irá subiendo 0,25 puntos al año hasta llegar al 6% en 2045; y un alza del mecanismo de equidad intergeneracional: en vez de ser de 0,6 puntos se dobla hasta 1,2 en 2050, a un ritmo de crecimiento de una décima al año. Esta cuota de Solidaridad significará más coste de los seguros sociales.
Esta nueva norma incrementará el gasto en pensiones al entorno del 15% del PIB, según fuentes de la negociación, frente al 12% actual. Fuentes conocedoras de las conversaciones entre el Ejecutivo y los agentes sociales estiman que este nuevo modelo supondrá un aumento de los ingresos de 15.000 millones de euros al año, mientras que el gasto se incrementaría en 2.500 millones. El Gobierno aún no ha detallado estas cifras.
Por otro lado, esta reforma mejora sustancialmente las pensiones mínimas y corrige las lagunas de cotización, que afectan especialmente a las mujeres. Escrivá destacó especialmente este miércoles en el Congreso el incremento de las pensiones mínimas contributivas y las no contributivas. Las primeras convergerán en 2027 con el 60% de la renta mediana compuesta por un hogar de dos adultos (según las proyecciones del ministerio, unos 16.500 euros anuales por aquel entonces); y las segundas, con el 75% del umbral de pobreza (en torno a 8.300 euros).
Tras la aprobación en el Consejo de Ministros, la reforma se enfrentará al trámite parlamentario. La posición expuesta por los socios habituales del Ejecutivo anticipa apoyos suficientes para salir adelante.
Esta es la segunda reforma de las pensiones de la legislatura. La parte central de la primera fue el acuerdo para que las prestaciones se volvieran a vincular al IPC. La otra gran reforma acometida por la Seguridad Social fue el cambio en el sistema de cotizaciones de los autónomos, para que aporten en función de sus ingresos reales. Esta última reforma es el remate en las políticas de Escrivá, centradas en inyectar más recursos en el sistema para hacerlo sostenible.
