Los consejeros de movilidad y transporte de los gobiernos de las Illes Balears y de Canarias, Josep Marí y Sebastián Franquis, han mantenido hoy en Palma una serie de reuniones con representantes empresariales y sindicales para poner en común algunos de los principales retos a los que hace frente el sector del transporte en los dos archipiélagos.
«El encuentro de hoy es un ejemplo más de coordinación y colaboración entre territorios con los que compartimos singularidades en el ámbito del transporte por el hecho de ser islas» ha explicado el consejero de Movilidad y Vivienda, Josep Marí. Y ha añadido: «Es importantísimo compartir sinergias entre los dos territorios que nos permitan consolidar las estrategias políticas que hemos llevado a cabo en aspectos tan importantes como el descuento de residente del 75 % en Canarias e Illes Balears, el impulso de la obligación de servicio público para garantizar la conectividad con la península y entre las islas, la necesidad de tener voz propia en las decisiones que afectan a nuestras infraestructuras aeroportuarias, así como compartir la necesidad de abordar el uso del tacógrafo en ámbitos insulares respetando los derechos laborales y de seguridad vial. Un aspecto en el que, para avanzar, es necesario el acuerdo social, como hemos trasladado hoy tanto a representantes patronales como sindicales».
«El transporte es esencial en unos territorios insulares como los nuestros; por ello es fundamental que ambos archipiélagos tengamos estrategias comunes en cuanto a la movilidad y conectividad» ha expuesto el consejero Franquis, que ha añadido: «En este sentido, hemos hablado de la bonificación del 75 % en Canarias y en Illes Balears, que es un derecho adquirido por los ciudadanos de ambos territorios y, por tanto, que no está en duda. El debate hay que situarlo en el precio de los billetes y, para eso, vamos a poner a prueba las OSP en varias rutas aéreas con la península porque el objetivo es volver a la situación de equilibrio en los precios de las tarifas aéreas».
Declaración conjunta
En estos encuentros se han abordado diversos temas en materia de transporte marítimo y aéreo que afectan a los dos archipiélagos.
Los dos gobiernos han coincidido en que el 75 % de bonificación en el precio del transporte aéreo y marítimo para los residentes en los territorios extrapeninsulares ha supuesto y consolidado un importante logro que garantiza el derecho a poder conectar con el resto del territorio nacional a un coste razonable a la vez que contribuye al mantenimiento de frecuencias y rutas. Desde las Illes Balears y Canarias constatan el firme compromiso del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) con el actual sistema de subvenciones de los billetes entre los archipiélagos balear y canario y el territorio peninsular para los residentes en estas regiones, teniendo en cuenta que el régimen actual está blindado por la Ley del Régimen Económico y Fiscal de Canarias y por la Ley de Régimen Económico Especial de las Illes Balears.
Respecto a las obligaciones de servicio público (OSP) en el transporte aéreo los gobiernos balear y canario han compartido el trabajo realizado con la Dirección General de Aviación Civil para poner en marcha una experiencia piloto en la ruta Menorca-Barcelona y Lanzarote-Madrid Barajas con el objetivo de que se limite el precio de venta de los billetes para el conjunto de los viajeros, sean o no residentes en los archipiélagos, de forma que los usuarios tengan oportunidades de desplazamiento entre los territorios extrapeninsulares y el resto del territorio nacional a precios razonables. La hoja de ruta que se está trabajando con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana requiere de los preceptivos informes de otro ministerios, como el de Economía o el de Hacienda, además de su comunicación y defensa ante la Comisión Europea.
En cuanto a la orden ministerial por la que se determinan los aeropuertos gestionados por AENA para los que se quieren seleccionar nuevos proveedores civiles de servicios de control de tráfico aéreo, entre ellos, el aeropuerto de Palma de Mallorca, Gran Canaria, Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna y Tenerife Sur, los dos gobiernos han presentado alegaciones solicitando un periodo adicional de estudio y análisis para que la decisión final que se tome sea la más adecuada al interés público y priorice la calidad y seguridad en el servicio de control aéreo de los aeropuertos baleares y canarios.
Los encuentros de esta jornada han servido para compartir opinión sobre el proceso de concentración de la compañía Air Europa en el Grupo IAG, ya que podría suponer una reestructuración de las rutas que operan las diferentes compañías en las conexiones entre el continente y las islas. Tanto des de las Illes Balears como desde Canarias se seguirá muy de cerca este proceso por si pudiera tener consecuencias en la conectividad de los archipiélagos.
También se considera fundamental reforzar el interés público en los aeropuertos y que las administraciones públicas y los agentes económicos y sociales jueguen un papel determinante en la estrategia comercial y en el desarrollo de las infraestructuras previstas. Por ello, se considera primordial que AENA avance decididamente en el proceso de participación de los archipiélagos en la gestión aeroportuaria.
En relación al transporte terrestre, las delegaciones balear y canaria también han abordado aspectos que afectan a la movilidad en las islas, en materia de transporte discrecional de viajeros y mercancías, y han compartido información sobre la efectividad de las medidas de bonificación en el transporte regular de viajeros establecidas por el Ministerio en los dos archipiélagos.
También se ha compartido con los representantes de las federaciones de transporte de las Illes Balears y Canarias (FEBT y FET) y representantes sindicales del sector de ambas autonomías aspectos relacionados con la transición ecológica del sector, la potenciación del transporte público, la renovación de flotas y las implicaciones que la adaptación del uso del tacógrafo tiene para los diferentes archipiélagos. En este sentido, los dos gobiernos se han comprometido a seguir trabajando, desde el diálogo, con las federaciones empresariales y las organizaciones sindicales en los términos que se acuerden en el desarrollo del diálogo social. «Los dos gobiernos estamos de acuerdo en que cualquier avance en este sentido tiene que estar precedido por el acuerdo social entre sindicatos y patronal», añadió Franquis.
Este proceso, sin embargo, deberá estar siempre subordinado a dos condiciones imprescindibles: que cualquier modificación no implique un menoscabo en los derechos de los trabajadores y que tampoco suponga un retroceso en la seguridad vial.
