Estaba leyendo las declaraciones para Última Hora sobre la preocupación de los líderes de los colectivos de la Plataforma por la Inmigración sobre la posible llegada de Vox al Govern balear y los positivos resultados que han obtenido en las demás comunidades autónomas. Realmente quienes me conocen saben que no me estoy acomodando y en más de una oportunidad les expresé a algunos líderes socialistas, incluyendo a José Hila, que está teniendo sus últimos días como alcalde de Palma, y a Daniel Oliveira, regidor brasileño de este gobierno que termina, mi percepción sobre el tema migratorio.
No me cabe la menor duda, ahora más que nunca, que Pedro Sánchez/PSOE, quien ha convocado elecciones para el 23 de julio, ha perdido credibilidad y terreno con la inmigración. Una cosa es pregonar, predicar y defender en los discursos la igualdad de oportunidades, los derechos humanos y la discriminación y otra muy diferente es llevarla a la práctica con hechos tangibles, que demuestren aquello de que “el cura aplica lo que predica”.
A algunos dirigentes que conozco del PSOE, antes de las elecciones, les manifesté lo descontenta que estaba la gente de afuera que veía incrédula como a sus familiares o amigos les vulneraban sus derechos por no poder renovar un permiso de trabajo y residencia por la falta de personal de la Oficina de Extranjería de Palma, algo que se extiende al resto de comunidades de España.
No es oportunismo, les comenté lo mal que lo estaban haciendo en Madrid respecto a las políticas de inmigración, y desde luego, que no me aterraba, ni me sorprendía que gran parte del electorado inmigrante le hubiese dado su voto al Partido Popular o al mismo Vox.
Y es que hay muchos inmigrantes que después de haber estado cotizando a la Seguridad Social no han recibido su permiso de renovación, y por consiguiente han perdido sus trabajos, les bloquean sus cuentas bancarias y otra serie de despropósitos que atentan contra sus derechos humanos, no dignos de un país del primer mundo.
La gente quiere trabajar, y aquí la inmensa mayoría no pretende vivir de subvenciones, ayudas o paguitas. Pues en nuestros países de origen no existe ese tipo de beneficios o concesiones que deberían aplicar muchos de los gobiernos autoritarios y demagogos.
En Baleares hay centenares de inmigrantes con derecho al arraigo social que se han quedado a las puertas de regularizar su situación. Muchas empresas terminan por retractarse retirando las ofertas de trabajo por las demoras de extranjería. Lo mismo ocurre en el resto de España.
Por otra parte, las políticas en inmigración han sido nulas, salvo el anuncio que hizo el Govern de Armengol de darle cabida en el sistema sanitario a los “sin papeles”, algo que incluso en la práctica alguna parte del funcionariado de los PAC se lo pasaba por donde sabemos.
En el Ayuntamiento de Palma no se aplicaron ningún tipo de acciones para trabajar codo a codo con el tejido asociativo. Incluso se llegó a perder la Feria de las Culturas, los mediadores culturales prácticamente no existían y la famosa oficina de delitos de odio, que lideró en su día Sonia Vivas, pasó más con pena que con gloria.
En definitiva, la igualdad de oportunidades -el trabajo- y el estado de bienestar que equivalía a darle un vuelco a la oficina de Extranjería sigue siendo la gran asignatura. Desde Madrid no se ha reforzado esta área, no lo afirmo únicamente yo, lo afirman también los 21 sindicatos por una Insularidad Digna. Las autonomías no tienen competencia en Extranjería, pero ahora que vienen las elecciones generales también la debacle para el PSOE podría estar a la vuelta de la esquina.
Las elecciones no se ganan o se pierden por el voto inmigrante, pero sí por el descontento o aprobación de la ciudadanía del estado de bienestar, simplemente es una cadena de factores de producción, que al final cobran factura. Peor no podemos estar, y el panorama resulta incierto y sombrío, salvo sorpresas mayúsculas, que dudo mucho se vayan a presentar.
