El Govern de les Illes Balears se personará ante la cuestión de inconstitucionalidad interpuesta por el Tribunal Supremo en el Tribunal Constitucional por las licencias de los VTC.
Concretamente, en relación con el artículo 2.2 del Decreto ley del Gobierno de las Islas Baleares 1/2019, de 22 de febrero, de medidas urgentes sobre la explotación y control de la actividad de alquiler de vehículos con conductor y otras medidas en materia de transportes terrestres, por posible vulneración del artículo 38 de la Constitución Española.
De esta forma, el Govern de les Illes Balears, a través de la Abogacía de la Comunidad Autónoma, podrá formular las alegaciones pertinentes para defender la constitucionalidad de las normas cuestionadas.
