El vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, y la consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal, han comparecido hoy ante los medios para informar del desistimiento por parte del Govern de les Illes Balears de la operación para la adquisición por tanteo y retracto de 88 viviendas de lujo por un valor de 25,8 millones de euros, autorizada por el Govern saliente una vez en funciones, así como del traslado del expediente administrativo a la Fiscalía.
Según ha detallado la consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal, la operación se encuentra actualmente suspendida cautelarmente por la justicia ordinaria desde el 26 de junio debido a un recurso presentado por la empresa propietaria, Metrovacesa, SA, y en el expediente administrativo del procedimiento, además de no existir justificación técnica para la adquisición de la promoción, tampoco se incorporan informes jurídicos del Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI) que avalen esta operación, ni tampoco la preceptiva memoria que exige la Ley 1/2019 para la adopción de acuerdos por un gobierno en funciones. Esta ausencia ya se ponía de manifiesto en el informe jurídico del Departamento de Vivienda, que advertía de la necesidad de incorporarla al expediente.
Por otra parte, según ha indicado la consellera, se han identificado varios sobrecostes en la operación, por un valor al menos superior a los diez millones de euros, debido al sobreprecio de adquisición de un 40 % en relación con el precio máximo tasado por metro cuadrado, al pago del IVA, en este caso de un 21 %, y más de 400.000 € de inversión en la adecuación de las viviendas. Se está analizando en detalle esta cuestión.
Otro hecho que la consellera ha destacado es que el Govern en funciones persistió después de la suspensión cautelar del procedimiento por parte de la justicia, enviando un requerimiento el 30 de junio a Metrovacesa, SA, para firmar la escritura pública de compraventa el 5 de julio, un día antes de la investidura de la actual presidenta Margalida Prohens en el Parlament de les Illes Balears.
Auditoría del IBAVI y devolución de 17 millones a Ports IB
Ante el perjuicio que la operación supondría a las cuentas públicas de la Administración — comprometiendo no solo las cuentas del IBAVI, sino también de Ports IB, del que el Govern en funciones detrajo 17 millones de euros sin el visto bueno de su Consejo de Administración—, la arbitrariedad de la operación y la falta de aval de los servicios jurídicos del IBAVI, la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad aprecia irregularidades, que conducen, además de desistir de la operación de adquisición y de parar el proceso judicial vigente para evitar indemnizaciones, a dar el preceptivo traslado del expediente a la Fiscalía para que aprecie si existen indicios de delito, y a encargar una auditoría de la gestión del Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI).
Finalmente, el vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha informado de que se iniciará el procedimiento para la devolución de los 17 millones de euros detraídos a Ports IB y de los 9 millones restantes a las cuentas generales del Govern de les Illes Balears.
