Agentes de la Policía Nacional en Palma, procedieron a la detención de tres personas como presuntos autores de varios delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en su apartado de favorecimiento de la inmigración irregular y falsedad documental.
Se han dado por terminados diversos operativos desarrollados en la localidad de Inca contra el favorecimiento de la inmigración irregular y la falsedad documental. El operativo policial se inició hace más de un mes siendo finalmente detenidas tres personas, dos varones, uno español y otro colombiano, y una mujer de origen colombiano a las que paralelamente se les abrieron distintos expedientes sancionadores por infracciones contra la ley 4/2000 (ley de extranjería).
La investigación se inició al tenerse conocimiento en la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional en Palma de la existencia de tres viviendas en Inca en las que estaban empadronadas un total de 85 personas extranjeras.
De las primeras gestiones realizadas se pudo determinar que una buena parte de esas personas se encontraban en situación de estancia irregular en España (un total de 67 en su mayoría de origen marroquí) y otras nunca residieron en esos domicilios, ni siquiera hay constancia de que hubieran estado alguna vez en España.
Seguidas las diligencias oportunas las personas implicadas en los hechos fueron expedientadas en relación al artículo 53 de la Ley de Extranjería, siendo propuestas para una sanción de 1000 euros por persona irregularmente empadronada, siendo un total de 67.000 euros.
Como consecuencia de esos expedientes administrativos sancionadores se detectó la existencia de presuntas infracciones de índole penal como lo son las falsedades documentales y delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (favorecimiento de la inmigración irregular).
El Grupo 1º de la UCRIF de la Policía Nacional continuó las averiguaciones pertinentes localizando a varias de las personas empadronadas irregularmente y averiguando que habían pagado una media de 400 euros a los presuntos autores, constatando que algunas de las personas que pagaron por esos empadronamientos fueron además “estafadas”, ya que pagaron y no fueron empadronadas.
Los agentes tras reunir las pruebas suficientes procedieron a la detención de los dos primeros, madre e hijo, admitiendo el segundo que participaba en los hechos por petición de su madre. El tercero, independiente de los anteriores y de origen español también fue finalmente detenido y remitidas las diligencias policiales a los juzgados de Inca.
Este tipo de actuaciones está siendo muy utilizado para “asentar” la inmigración irregular y así acceder a las diferentes ayudas sociales u obtener permisos de residencia de forma fraudulenta. Consentir la inscripción de un extranjero en el padrón municipal cuando dicha vivienda no constituya domicilio real del mismo es una infracción por cada persona extranjera inscrita indebidamente y dicha conducta puede ser sancionada con una multa de 501 hasta 10.000 euros por la Ley de Extranjería.
Así lo ha informado recientemente en declaraciones a los medios la delegada del Gobierno en Baleares, Aina Calvo, preguntada al respecto por la prensa. Calvo ha manifestado que que es una cifra “ligeramente inferior” a la producida el año pasado por las mismas fechas.
Asimismo, Calvo se mostrado preocupada por el hallazgo del cuerpo de un bebé de ocho meses en Tarragona, que fue encontrado cerca de la costa de Baleares en una patera en la que viajaba con sus padres desde Argelia, un hecho que ha tildado de “tragedia”.
“Es la cara más dura del proceso migratorio. La migración es la estrategia más antigua que tiene la especie humana de supervivencia y cuando una persona se ve obligada a lanzarse al mar buscando una vida mejor o huyendo de condiciones que no permiten garantizar su vida, pasan estas cosas”.
