La teniente de alcalde de Serveis Socials, Lourdes Roca, y la socióloga Lourdes de La Cruz han dado a conocer el informe TFES de identificación de casos de tráfico con fines de explotación sexual en Palma, aprovechando que el sábado, 23 de septiembre, es el Día Internacional del Tráfico de personas.
En esta cuarta edición del informe, que se inició en 2019, se desprende que el 22% de las mujeres con las que se trabajó desde el área de Serveis Socials del Ajuntament de Palma en 2022 eran víctimas de tráfico con fines de explotación sexual. De ese porcentaje, un 17% estaban identificadas, un 32% detectadas y un 52% presentaba indicios, es decir, se evidenciaban elementos que indicaban que lo eran, pero no había denuncia ni verbalización expresa.
Respecto al año anterior se ha pasado del 12% identificadas al 17%, y del 23% detectadas al 32% actual. Así, existe una mejora en cuanto al nivel de identificación y crecen los casos que se detectan y en los que se interpone denuncia. Roca ha destacado en su intervención que “las personas víctimas del TFES experimentan una situación y desprotección de vulnerabilidad extrema. Están sometidas a experiencias traumáticas debido a la comercialización y explotación sexual, lo que impacta de forma profunda en sus vidas”.
Entornos y perfil demográfico
Los entornos de explotación en los que se encuentran estas mujeres son un 52% en pisos o casa, el 32% en la calle, el 11% en servicios con desplazamiento y el 5% en clubes. La tendencia es situarse en contextos cerrados y deslocalizados, espacios invisibilizados más difíciles de detectar y con mayor movilidad. La mayoría dispone de red de apoyo y sus principales vínculos los establecen con amistades o compañeros y compañeras en los entornos de prostitución.
El 98% de las mujeres traficadas es de nacionalidad extracomunitaria. Provienen, fundamentalmente, de cuatro países: Colombia, Nigeria, China y Brasil.
La nacionalidad tampoco varía respecto al año anterior, de un año a otro lo que podemos observar es que encabeza la lista uno u otro, pero se mantienen los cuatro países.
La edad media es de 34,6 años, principalmente tienen estudios secundarios o primarios, aunque la mayoría no los tiene homologados, lo que repercute en las posibilidades y salidas laborales.
En cuanto a responsabilidades familiares, la mitad de las mujeres traficadas tienen personas que dependen de ellas.
El 63% tiene al menos a una persona a cargo, esta cifra también ha aumentado respecto al año anterior que se situaba en un 51%. 6 de cada 10 mujeres traficadas se encuentran en situación irregular y el 16% no dispone de tarjeta sanitaria.
Residencia y coexistencia de espacios
Principalmente, las mujeres traficadas viven en una habitación alquilada (45%) o en una vivienda alquilada compartiendo espacio con otras personas (15%).
El 27% vive en la casa prostíbulo, es decir que no dispone de espacios diferenciados de desconexión, intimidad y privacidad, lo que favorece la vulnerabilidad del colectivo.
Y el 6% se encuentra sin domicilio estable, eso significa que se van trasladando de un lugar a otro según las necesidades de la red.
La gran mayoría de ellas no se dedicaban a la prostitución ni eran traficadas en su país de origen. Su realidad se convierte, por tanto, en los procesos migratorios.
Conclusiones
• Se evidencia un aumento en la proporción de casos de TFES que se contabilizan. Mejora el nivel de identificación y crecen los casos que se detectan y los que interponen una denuncia.
• El TFES muestra una tendencia a situarse en contextos cerrados y deslocalizados. Más de la mitad de las víctimas está explotada en pisos o casas, espacios invisibilizados más difíciles de detectar y con mayor movilidad.
• Del perfil sociodemográfico podemos destacar que es una problemática feminizada y que afecta a personas extranjeras de entre 25 y 44 años. Las víctimas fundamentalmente provienen de Colombia, Nigeria, China y Brasil.
• Presentan un nivel educativo más bajo que el conjunto de personas en prostitución. Y aunque la mayoría tiene estudios primarios o secundarios no los tiene homologados, lo que repercute en las posibilidades y salidas laborales.
• Prácticamente 6 de cada 10 víctimas se encuentra en una situación administrativa irregular. Las proporciones más elevadas las encontramos principalmente entre las latinoamericanas y africanas, y entre aquellas que están explotadas en una vivienda particular.
• Generalmente comparten espacio residencial con otras personas y viven en una habitación alquilada o en una casa prostíbulo. 6 de cada 10 viven en el mismo lugar en el que son explotadas, lo que evidencia la falta de privacidad y mayor vulnerabilidad del colectivo.
• Mayoritariamente disponen de red de apoyo y los principales vínculos los establecen con amistades, personas conocidas o compañeras de prostitución. El 63% tiene responsabilidades familiares, la mitad más de una persona a cargo. Esta dependencia condiciona y subyuga los procesos de denuncia.
