Por Ivis Acosta Ferrer
Mientras otros países de la Unión Europea ajustan sus políticas migratorias con el fin de atraer a trabajadores altamente cualificados, adoptando medidas para facilitar su establecimiento e integración social, España apenas concede un 7% de los permisos de trabajo a trabajadores extranjeros cualificados frente al 30% de media a nivel global.
Al mismo tiempo, según datos de la Encuesta de Población Activa, en 2022, los migrantes ejercieron trabajos de baja cualificación, sobre todo relacionados con la agricultura (26,4%), la industria (11,6%), construcción (24,8%) y servicios (16,7%), en no pocas ocasiones quedándose por debajo de su nivel de estudios.
El informe ‘¿Qué hacemos aquí? jóvenes de origen extranjero en Aragón’, revela que más del 87% de los inmigrantes cambiaron de ocupación en relación con la que tenían en su país de origen, y en la mayoría de los casos en una trayectoria descendente en el ámbito laboral. Además, casi un 39% tienen más formación que la precisan para el puesto de trabajo que ocupan.
El proceso de homologación de títulos extranjeros llega a prolongarse entre nueve meses para los expedidos en Europa a más de dos años, y si la licenciatura o el grado es de medicina, aún más tiempo si e un título extracomunitario.
Esta lentitud, es entre otros motivos, la causa por la que muchos profesionales se vean abocados a realizar empleos peor cualificados, y este problema persiste a pesar de que en noviembre de 2022 el Gobierno aprobara una ley para agilizarlo, ley que determina que deben resolverse las peticiones en un máximo de seis meses. Sin embargo dicha agilización solo afecta a los extracomunitarios que solicitan la homologación a través de la nueva resolución y no a los que se inscribieron por el antiguo decreto.
Actualmente, en España hay dos procesos para regularizar los títulos: la homologación y la convalidación. A través del primero de ellos se reconocen los estudios cursados en el extranjero para poder ejercer la profesión en el territorio nacional mientras que la convalidación se hace cuando se quieren continuar o finalizar los estudios en centros españoles.
La mayoría de migrantes depende de la homologación y no solo se encuentra ante un procedimiento largo, sino también costoso para ellos. La solicitud requiere el abono de una tasa que generalmente ronda los 150€.
En lo que coinciden la mayoría de los candidatos es en el trato inhumano que reciben por parte de las administraciones; trabas y obstáculos –en ocasiones sospechosamente injustos que acaban truncando la carrera de muchas personas. Por si fuera poco, los títulos que se homologan muchas veces no son equivalentes a los años que estudiaron en sus universidades, sino que tienen un nivel inferior.
Esto sumado a que muchos cuando salen de sus países no se llevan consigo los títulos, lo que obliga a que luego tengan que pedirlos, después apostillarlos bien en su país o en los consulados y pagar una traducción jurada si está en otro idioma, entre otros trámites.
De director de una fábrica a auxiliar de limpieza
El caso de José Alfredo Rodríguez Lobaina, cubano que llegó a España en el 2011 por un acuerdo entre gobiernos en el que emigraron 300 presos políticos con sus familiares es, cuanto menos, paradójico.
Ingeniero electromecánico industrial con sobrada experiencia laboral en su país al frente de industrias como la fábrica de Níquel o la Compañía eléctrica de su provincia, desde 2013 presentó los papeles para homologar su título ante el Ministerio de Educación en Madrid, pagando la tasa de 94 euros, pero dicha homologación le fue denegada por resolución con la explicación de que esa especialidad no se estudia en España.
En la actualidad este profesional se ve obligado a trabajar como auxiliar de limpieza y eso gracias a una discapacidad de 66% que le ofrece ventajas fiscales a la empresa que lo contrata.
Psicólogos migrantes en España
Lucía Uriaguereca Kasatkin, argentina que lleva 12 años ejerciendo la profesión de psicóloga clínica y está formada en psicoanálisis, ha trabajado tanto con adultos como con niños y jóvenes.
Fundadora del proyecto psicoanalítico de Mar del Plata, ha participado en grupos de estudio psicoanalítico y actualmente continúa formándose mediante conferencias y cursos a distancia brindados por psicoanalistas de gran envergadura.
Su trayectoria profesional sin embargo se ha visto truncada al llegar a Mallorca, a donde emigró con su familia. Transcurridos tres años no ha conseguido la ansiada homologación, proceso que comenzó en octubre del 2020.
Desde entonces viene recibiendo cartas por parte del Ministerio de Educación, pidiendo en diferentes oportunidades solicitándole nueva documentación.
“A partir de la ley de Boloña de 2019, -comenta Lucía-, todos los trámites que se resolvieron, les fueron denegados, por lo que los psicólogos que nos encontramos con nuestro título en trámite nos organizamos, pudimos entender cuál era el motivo por el que absolutamente todos los expedientes habían sido resueltos negativamente: se pedía, por error de interpretación de la ley de salud, el grado español”.
“Para acceder al máster, la carrera de psicología dura cinco años, aquí solo cuatro, con lo que nosotros venimos de Argentina con la práctica ya incluida en la formación con créditos de sobra para poder ejercer, pero como está planteado en España los psicólogos se reciben sin prácticas, sin experiencia, entonces les exigen hacer un máster en psicología social sanitaria. Lo que nosotros presentamos fue una modificación de ley, ahí donde se incorpore el hecho de que el título pueda ser extranjero, cosa que logramos y aparentemente a partir de noviembre el acceso sería más expedito”.
Para esta psicóloga es una paradoja que se pongan trabas a la homologación pues España tiene uno de los más altos índices de suicidios de Europa, y la atención psicológica pública no alcanza a dar respuesta a las problemáticas sociales. Por otro lado, ella viene formada, con toda la posibilidad de poder atender a la población española, además de tener la ciudadanía española.
Según dato del Colegio de Psicólogos de Cataluña -continúa explicando Lucía- hay un psicólogo por cada 100.000 habitantes en esta comunidad autónoma. Esto es un indicador para tener en cuenta y revisar qué es lo que está sucediendo con la cantidad de profesionales psicólogos en el territorio español, más de 200.000 profesionales que nos encontramos en esta situación de no poder ejercer nuestra profesión, viéndonos obligados a trabajar en diferentes áreas que no son las que hemos elegido y las que nos hemos formado por una cuestión de necesidad económica”.
Para finalizar: “en mi caso me he dedicado a la hostelería, al contacto con el cliente, entre otras tareas y promociones. Son tareas que claramente puedo realizar por los recursos que ha adquirido a lo largo de mi vida pero no son el ejercicio de mi profesión elegida a la que he dedicado muchísimos años de mi vida, información, capacitación y ejercicio”.
