Agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención de tres personas (uno de origen colombiano, otro español y otro estadounidense) de una cadena de locales, el propietario, el administrador y el controlador de los locales, por delitos contra los derechos de los trabajadores y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
Por parte de la Policía Nacional, se realizan constantemente inspecciones en centros laborales y otros con la finalidad de detectar posibles víctimas de TSH bien para su explotación laboral o bien para su explotación sexual.
Estas inspecciones se realizan a través de la Brigada Provincial de extranjería y Fronteras a propia iniciativa o como consecuencia de denuncias. Las mismas también se realizan en ocasiones en compañía de funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
En base a ello policías del Grupo 1º UCRIF realizaron una primera inspección en una tienda/isla el pasado día 03 del mes en curso. Allí fueron identificados un total de 5 trabajadores entre ellos el encargado. Dos de esos trabajadores se encontraban en situación de estancia irregular en España.
Consecuencia de esa primera inspección y de las manifestaciones de los trabajadores se tiene conocimiento de otro local sito en una calle céntrica de Palma, explotado por las mismas personas, realizándose inspección el pasado día 09, esta vez acompañados de funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, donde son localizados otros dos trabajadores en las mismas circunstancias.
Seguidas las investigaciones oportunas son localizadas otras personas que en los últimos meses han estado trabajando sin contrato y/o en situación de estancia irregular en España, hasta un total finalmente de nueve trabajadores.
Los agentes pudieron constatar que el trato laboral dado a los trabajadores de esa empresa era totalmente diferente en función de su situación administrativa en España, los que estaban irregulares y por tanto no tenían contrato y tenían que cumplir unos objetivos de venta, tenían que vender 100 euros diarios o 4500 euros al mes. Si ese objetivo no se cumplía le descontaban el salario de un día completo.
Se imponían jornadas laborales de semi-esclavitud, tales como 13 horas diarias de lunes a sábados, incluso en algunas ocasiones la semana entera sin día de libranza. Si la jornada era de 13 horas laborales el objetivo mínimo era de 300 euros. Los trabajadores también eran penalizados con “multas” por el uso del teléfono móvil, no vestir de negro etc.
En el momento de la “contratación” se informaba a los aspirantes que si estaban en situación irregular el sueldo era de 6 euros la hora, mientras que si estaban en posesión de permiso de residencia y trabajo el sueldo era el estipulado por convenio.
Los trabajadores eran también instruidos en el sentido de facilitar una filiación falsa en caso de inspecciones, siendo estas filiaciones las de trabajadores que sí estaban regulares en España.
Una vez reunidas las pruebas y manifestaciones necesarias los investigadores detuvieron a los implicados en los hechos acusados de delitos contra los derechos de los trabajadores y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, siendo puestos a disposición de la Autoridad judicial junto al atestado correspondiente, resultando ser el propietario, el administrador y el controlador de los locales.
