El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha sido recibido esta mañana por el Delegado del Gobierno en las Baleares, Alfonso Rodríguez, para abordar temas de interés general para Mallorca. Entre las cuestiones que se han tratado en el encuentro destaca, por un lado, la necesidad urgente de restablecer el convenio de carreteras que, según ha asegurado Galmés «ha sido fundamental para el desarrollo y la conectividad de la isla. Por ello, es necesario recuperar los 230 millones de euros que pertenecen a todos los mallorquines y poder garantizar la fluidez del tráfico, la modernización de las infraestructuras y la seguridad de los usuarios».
La petición de suprimir el carril bus-VAO en la autopista del aeropuerto y la negativa por parte de la Dirección General de Tráfico (DGT) ha sido otro de los temas que el presidente del Consell de Mallorca ha trasladado al Delegado del Gobierno. Galmés ha afirmado que «desde la institución insular hemos agotado todas las vías de diálogo para consensuar la retirada de una infraestructura que consideramos fracasada y que, además, provoca un incremento del 50 % de la siniestralidad en el sentido donde está el bus-VAO, según los informes técnicos». Galmés ha añadido que, hasta el momento, la respuesta del Gobierno estatal está siendo «decepcionante porque va en contra de los intereses de los mallorquines porque no se escucha la voluntad de las urnas expresada el mes de mayo».
Por otro lado, el Consell de Mallorca tiene previsto incrementar los sistemas de transporte inteligente (ITS) que utiliza para medir la ocupación de las carreteras. Se instalarán 70 cámaras en toda Mallorca, 17 de las cuales estarán ubicadas en las carreteras de la sierra de Tramuntana, y que incorporarán lectores de matrículas y sonómetros. Galmés ha explicado a Rodríguez que «se necesita una acción coordinada entre las administraciones, ya que el Consell de Mallorca no tiene competencia sancionadora, la tiene la DGT». El presidente del Consell de Mallorca ha afirmado que «se continúa trabajando dentro del marco competencial de la institución insular para buscar soluciones a los comportamientos incívicos de los conductores, especialmente a la sierra de Tramuntana. Por eso, una de las medidas que hemos planteado es poner a disposición de las administraciones la información que aporten nuestros sistemas y que así se pueda actuar contra estos conductores y mejorar el control y la seguridad de los usuarios».
Para concluir, el decreto aprobado por el Ministerio de Transición Energética que retira las subvenciones a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, y que es una de las externalidades que han hecho subir la tarifa de residuos de este año, ha sido otro de los temas en el que ha incidido el presidente Galmés. Precisamente, esta retirada ha supuesto que Tirme, la empresa que gestiona la planta incineradora de Mallorca, deje de ingresar 12 millones de euros del Gobierno central por retorno de inversión. Esta externalidad, junto al incremento del IPC y la subida vertiginosa del euríbor, y el éxito del sistema (que avanza en la recogida selectiva gracias al trabajo de los ayuntamientos y a la colaboración ciudadana), ha generado una «tormenta perfecta» que ha derivado en este fuerte incremento al alza de la tarifa del 2024 y ha obligado al Consell de Mallorca a subvencionar la tarifa para poder congelarla y que «de ninguna manera la tengan que asumir los mallorquines» ha asegurado Galmés.
