El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el balance de la gestión de la crisis migratoria desencadenada hace dos años por la invasión de Ucrania.
La ministra Saiz ha explicado que el informe presentado hoy al Consejo de Ministros es el balance de dos años muy complicados para el pueblo ucraniano, “en los que la comunidad europea ha demostrado con creces su compromiso con la paz y con los derechos humanos”.
Según los datos recogidos en el informe, desde el estallido de la guerra más de 200.000 personas afectadas por el conflicto en Ucrania han recibido Protección Temporal en nuestro país, lo que ha sido posible gracias a la coordinación entre todas las administraciones. Un esfuerzo que sitúa a España como el quinto país de la Unión Europea por número de concesiones. Del total de personas con protección temporal, tres de cada diez son menores de 18 años (2.639) y seis de cada diez, mujeres (122.306).
Asimismo, el informe refleja la rápida integración en España de las personas desplazadas desde Ucrania. Buena muestra de ello ha sido la rápida escolarización de los estudiantes, un total se ha escolarizado a 37.000 estudiantes, de los que 29.400 son menores. Además, cerca de 21.000 personas con protección temporal están dados de alta en la Seguridad Social, más de la mitad, mujeres. Un 38% de las personas que trabajan lo hacen con contrato indefinido a tiempo completo; el 21%, a tiempo parcial y el 10% con contratos estacionales fijos.
Otro de los aspectos destacados en el balance de dos años del conflicto ha sido la creación por el Ministerio de Inclusión de cuatro Centros de Recepción, Atención y Derivación (CREADE). Centros habilitados en Madrid, Barcelona, Alicante y Málaga, provincias con mayor población ucraniana desde antes de la guerra, donde se ha atendido desde su apertura a 176.357 personas y se ha documentado a más de 108.000.
Actualmente, permanecen alojadas cerca de 14.000 personas desplazadas dentro del Sistema de acogida de Protección Internacional y Temporal.
Con relación al futuro, Elma Saiz ha reiterado la necesidad de asegurar la protección de los ciudadanos dada la situación actual de Ucrania, “se están explorando alternativas a la protección temporal, como vías de migración legal, estatus de residencia especial o acceso a la protección internacional”, ha dicho.
Atención completa desde el inicio del conflicto
Desde el inicio de la guerra, el Gobierno ha adoptado las medidas necesarias, con carácter de urgencia, para atender una crisis humanitaria que exigía una rápida respuesta. Un trabajo intenso que permitió atender a las más de 8.000 personas que llegaban a España cada semana, agilizando los trámites para conceder la protección temporal en 24 horas o adoptando medidas urgentes y fondos específicos para atenderlas.
El Gobierno aprobó dos reales decretos dos Reales Decretos con subvenciones directas, cerca de 80 millones de euros, a comunidades autónomas y entidades locales para atender, informar y orientar, proporcionar alojamiento o prestaciones económicas a estas personas.
Por su parte, la creación de los CREADE fue fundamental para documentar y dar una primera acogida a los miles de personas desplazadas. En pocos días se duplicó la capacidad del sistema de acogida: 5.000 nuevas plazas en los primeros 15 días a las que se sumaron 6.000 adicionales en las siguientes semanas.
Actuación coordinada
El Ministerio de Migraciones ha contado con la colaboración del resto de administraciones públicas, sociedad civil, entidades privadas y ONG. Un esfuerzo conjunto que ha permitido actuar de una forma rápida y eficaz tanto en la documentación de las personas desplazadas como en la normalización de la atención sanitaria, escolarización y educación, atención a menores, ayuda al empleo, alquiler de vivienda o la dotación de suministros en los CREADE, entre otras muchas intervenciones y trabajos de logística.
Más de 1.400 millones de euros invertidos
En estos dos años de guerra, La inversión de España ha superado los 1.400 millones de euros, ya que, además de fondos del Gobierno estatal ha contado con cofinanciación de la UE. Ahora están pendientes otros 50 millones de euros de la aceptación final de la Comisión Europea.
