La consellera Antònia Maria Estarellas ha dado su apoyo, en representación del Govern de les Illes Balears, a la propuesta de informe del Grupo Parlamentario Popular en el Senado sobre el contenido autonómico de la Proposición de Ley de Amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña que denuncia los efectos «insolidarios y discriminatorios» para el resto de comunidades autónomas españolas. «No es una amnistía, esto es el precio de una investidura», ha afirmado Estarellas en su intervención.
La aprobación de una Ley de Amnistía, ha explicado la consellera durante su intervención, crearía un precedente preocupante y peligroso porque amenaza romper con la convivencia de las comunidades autónomas que tienen que ser tratadas por igual, respetando la Constitución y el modelo territorial del Estado.
La consellera Estarellas ha remarcado que desde Baleares se continuarán defendiendo siempre los intereses de las islas con el máximo respeto a la Constitución y al Estatuto de Autonomía que describen la insularidad del territorio como un hecho diferencial y merecedor de protección especial. Por eso ha añadido que el Govern balear rechaza cualquier negociación bilateral sobre pactos fiscales, el sistema de financiación o el reparto de las Inversiones en los Presupuestos Generales del Estado que supongan romper el principio de solidaridad financiera de las autonomías.
Ha añadido que el Govern de Margalida Prohens defenderá la libertad, pluralidad y la diversidad de las autonomías de nuestro país y la igualdad de todos los españoles, pero sobre todo no permitirá que «nuestros ciudadanos acaben pagando por qué el Gobierno ha decidido vender la unidad de España por siete votos».
Antònia Maria Estarellas también ha aprovechado el debate para exponer los principales problemas derivados de la falta de una insularidad digna que sufrimos como por ejemplo el déficit en la financiación autonómica, la movilidad entre islas y entre éstas y la Península, la sostenibilidad o la falta de vivienda, infraestructuras y de efectivos de Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado, que se verían todavía más agravados con la aprobación de la Ley de Amnistía que supondría todavía más perjuicios tanto en las Islas Baleares como en el resto de comunidades autónomas y a sus ciudadanos.
