Desde la anunciada regularización de inmigrantes en España en la que se beneficiarán
entre 400 y 500 mil personas, me surge una duda. Todo apunta a que esta medida
afectará en positivo a los que entraron a España antes del 1 de noviembre del 2021, lo
que en mi concepto, bajaría esta cifra del medio millón de personas que se calcula.
Muchos de ellos, obviamente se regularizarían por la figura del arraigo social o reagrupaciones, lo que me parece, que es algo exagerado situar a los regularizados en ese volumen tan elevado.
El martes 23 de abril este periódico, organizará un foro de vulnerabilidad social en el CaixaForum de Palma, en el que se estarán abordando diversos temas de extranjería. Por ahora, extractamos un interesante artículo de RTVE sobre un análisis certero que se hace de la noticia, y el impacto social y económico que esto genera.
“Vivir ‘sin papeles’ en España supone trabajar sin contratos ni cotizaciones, por lo que una eventual regularización ampliaría las altas en la Seguridad Social y, por lo tanto, la recaudación del Estado por las rentas del trabajo.
Un estudio reciente de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona sobre los efectos del proceso de regularización de 2005 en la economía española ―que descarta que ello provocara un ‘efecto llamada’― cifra en 4.000 euros por persona inmigrante al año la recaudación adicional para el sector público, una subida “muy importante” en la recaudación, en palabras del autor principal, el catedrático de Economía, Joan Monràs, que aporta un matiz:
“Podría pensarse que la reforma permitió que por cada inmigrante que lograba el permiso de trabajo se sumaba un migrante trabajando, pero lo que vemos es una proporción distinta (…) en torno a un 40% de los migrantes que consiguieron el permiso de trabajo siguieron trabajando de manera informal o predominantemente informal”, explica a RTVE.es, y aclara: “Pero obviamente creció el empleo formal. De cada diez inmigrantes que obtuvieron ‘papeles’, seis empezaron a trabajar en el sector formal”, esto es, cotizando en la Seguridad Social.
Al margen de implicaciones políticas, los estudios demográficos y económicos subrayan los “beneficios” de la inmigración legal: desde el departamento de investigación del Fondo Mone- tario Internacional a un análisis reciente de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), por encargo del Consejo Económico y Social (CES).
Este último, dirigido por el profesor y doctor en Economía José María Ramos Parreño, concluyó que la población extranjera que reside en España ingresa 1,63 euros por cada euro que recibe en prestaciones. En la Región de Murcia, dichos investigadores observaron que los bajos porcentajes de población infantil y de adultos mayores de 64 años inmigrantes suponen, además, menores tasas de dependencia, mayor fecundidad y personas en edad de trabajar.
¿Mayor gasto?
En relación con el gasto público, el artículo de Monràs no halló un mayor uso de los servicios públicos tras la regularización de 570.000 trabajadores inmigrantes en 2005. “Entonces, los inmigrantes sin permiso de trabajo tenían acceso a sanidad pública y educación, que son las partidas más grandes, y ahí no encontramos ningún efecto diferencial”, explica el catedrático de la UPF.
En el 2005, se dio, además, una pérdida de empleo de trabajadores nacionales con baja
cualificación que trabajaban en la economía sumergida, pero Monràs no lo relaciona direc- tamente con la regularización en sí, sino con la manera en la que se implementó en ese
momento. “Una parte importante [del objetivo del Gobierno] era reducir al máximo la economía sumergida y esto afectaba a inmigrantes y nativos”, desarrolla.
Así, se incrementaron hasta en un 132% las inspecciones laborales para asegurar que las
empresas cumplían con la normativa de los contratos.
Finalmente, su estudio recoge que tras aquella regularización se observó un aumento de en torno al 3% del salario medio de los trabajadores autóctonos con baja y alta cualificación, mientras los trabajadores inmigrantes con baja cualificación vieron reducidas sus remuneraciones”.
