Recientemente se creó una plataforma de afectados de las infraviviendas a raíz de una estafa de un policía local que alquiló más de 70 viviendas en diferentes lugares de Palma para posteriormente ser desalojadas. La reacción no se hizo esperar y se conformó un grupo de personas víctimas de este fraudulento hecho, la mayoría de origen inmigrante.
La Plataforma por la Inmigración, liderada por el boliviano Faruk Pino dijo que esta iniciativa nació por las amenazas e insultos vertidos por el policía a los afectados, y como si fuera poco, a esto se suma las agresiones verbales de las que dice haber sido víctima, el dominicano, José Solano, quien lidera la plataforma.
En alguna ocasión le dio vértigo y tras ser ayudado por unos vecinos logró salir del trastero donde vive- Calle Pare Miquel Mir. “Le dije al propietario que si podía arreglar la cerradura, y me contestó que los dominicanos dábamos muchos problemas y no valíamos para nada, que nunca debió alquilarnos”.
En ese orden de ideas, cabe mencionar que los dominicanos es la nacionalidad más afectada: Allí habitan un gran número de compatriotas“ dice José Solano, que interpuso una denuncia el pasado 11 de marzo contra su arrendador en la Policía Nacional por un delito de odio y racismo.
Desde la nueva plataforma han podido manifestado que el policía sancionado sigue cobrando la mensualidad a sus inquilinos de las infraviviendas, a pesar de que no puede, y está presionando a que las familias de los trasteros de Gomila a que se vayan.
Desde la plataforma matizan que el PSOE, a través de la secretaría de Derechos Humanos y Migraciones, ha impulsado esta reivindicación asesorándoles legalmente.
La plataforma, además, cuenta con el apoyo de Balears Acollim y de otras entidades sociales de la Isla.
Las últimas noticias sobre este hecho, según Solano, es que se están planteando soluciones: “Ayer -6 de mayo tuvimos reunión con un representante del Govern y del Ayuntamiento de Palma y acordamos hacer un censo de afectados para que nos den soluciones, por lo menos que les den una ayuda social. Esto va a hacer precintado y no queremos que la gente se quede en la calle, la problemática que tenemos. Estas 68 familias permanecen en las infraviviendas, están muy preocupadas, esperemos que no nos dejen tirados”.
Comunicado de la plataforma
José Antonio Solano, en nombre y en representación de la plataforma de afectados por las infraviviendas de las calles Joan Miró, Doctor Bibiloni y calle Pare Miquel Mir de Palma.
Expone:
La constitución española en su artículo 47 establece el derecho y el disfrute de una vivienda digna y adecuada.
“En este sentido el no cumplimiento del mencionado artículo, fomenta que individuos antisociales y desaprensivos, se aprovechen de la situación de vulnerabilidad de la sociedad, dejando al borde de la exclusión social, a familias honradas y trabajadoras, a quienes, la desesperación de tener un techo sobre sus cabezas, caen en las redes de estos estafadores que en todo sentido se mantienen fuera de la ley”.
Asimismo, a raíz de la emergencia residencial que sufrimos los ciudadanos, somos las víctimas del fraude del alquiler de las 68 infraviviendas situadasen las calles Joan Miró, Doctor Bibiloni y calle Pare Miquel Mir de Palma, que acabó con la detención de un hombre que teníaalquilados 68 infraviviendas por los cuales cobraba entre 300 y 700 euros en el mes. Se trata de habitáculos subterráneos, algunos eran de poco más de 10 m², en los cuales no había ventilación, luz ni las más mínimas condiciones de higiene y salubridad.
Quiero recordar que la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, en su artículo 2 inc. C) establece dentro de las políticas públicas de vivienda dentro de sus respectivas competencias como administración de la comunidad Autónoma: “Asegurar la habitabilidad de las viviendas, entendida como el conjunto de los requisitos mínimos de calidad, funcionalidad y accesibilidad universal que, atendiendo a la normativa aplicable, deben cumplir las mismas para garantizar la dignidad y la salud de las personas, para satisfacer sus necesidades de habitación en las diferentes etapas de su vida, con especial atención a las necesidades de los menores, para quienes la vivienda constituye además un espacio fundamental de desarrollo, seguridad y cobijo, y como base para el efectivo ejercicio de derechos y libertades”
Hace unos días, la mayoría de las personas afectadas recibimos un escrito de la Consejería de Vivienda, donde se nos invita a participar del proceso de reclamación ante el contencioso que ha presentado la mencionada entidad, para no pagar el fraude, y que se ha venido aprovechando de nosotros durante este tiempo, a sabiendas que la mayoría de nosotros somos personas vulnerables y que no tenemos recursos para poder defendernos.
Nos preguntamos estrictamente, si su administración fomentará, y se rendirá al juego de este señor que ha pisoteado las leyes y que ahora toma ventaja, escondido tras la sombra de una empresa de “constitución legal”, ya que a la fecha no hemos recibido una carta en la que la administración nos conmine a una solución en derecho y ley.
Ante esta situación conminamos a la autoridad pública competente a hacer que se respete la constitución y las leyes de este país y la comunidad autónoma en su competencia.
Que, como servidores públicos en derecho, sean proactivos en la solución inmediata a nuestra situación de vulnerabilidad y urgencia ante estos hechos.
Solicita:
Que la Comunidad autónoma como custodios al fiel cumplimiento de la constitución y defensores en ley de los derechos fundamentales de la ciudadanía y sus administrados, eleve a estado de emergencia mediante sus órganos funcionales, los hechos que presentamos en situación de vulnerabilidad social, y que le dé prioridad a estas peticiones, ya que llevamos semanas esperando respuesta a las reuniones a las que se comprometieron:
1. Solicitamos una acción urgente por la Consejería de Presidencia del Govern de les Illes Balears para que pueda defendernos como ciudadanos a través de la Abogacía de la Comunidad, en el proceso judicial en el que está inmerso el policía local que se aprovechaba de nuestra vulnerabilidad para restringir nuestro derecho a la vivienda. Ya que la mayoría de las personas afectadas no tenemos capacidad financiera para defendernos judicialmente.
2. Solicitamos una acción urgente mediante la Consejería de Vivienda para trasladar nuestra delicada situación por la falta de respuesta por parte de la administración para encontrar alternativas habitacionales.
3. Solicitamos una acción urgente mediante la Consejería de Familias y Servicios Sociales del Gobierno de las Islas Baleares para trasladar nuestra situación y las necesidades de las personas afectadas ante la falta de respuesta por parte de la administración para establecer líneas de ayudas.
- Además de iniciar reuniones conjuntas de coordinación de técnicos administrativos y jefes de servicios con la plataforma de afectados y las organizaciones sociales civiles, necesarias para activar los protocolos de ayuda en casos de extrema exclusión social.
5. Solicitamos la reunión con un equipo mixto para trabajar en las acciones solicitadas en las que estén presentes los o las representantes políticos de las áreas que mencionamos en el presente escrito, incluida la presidenta de la comunidad autónoma.
Dado que los hechos del caso son de conocimiento de su administración, y de la ciudadanía en general.
