El Gobierno sigue ahondando en la deriva intervencionista que hace mucho tiempo venimos denunciando en el ámbito de las relaciones laborales, al modificar sustancialmente, de forma unilateral y para cumplir con pactos políticos, el espacio de negociación exclusivo y autónomo del que se han dotado tradicionalmente empresas y trabajadores.
Además, lo ha vuelto a hacer saltándose la obligada consulta en el diálogo social, tal y como mandata el artículo 7 de la Constitución, del mismo modo que ha hecho con numerosas normas en los últimos meses, de nuevo socavando la autonomía de las partes y sin tener como objetivo el interés general y la prosperidad económica del país.
Más allá de las formas, en la práctica esta medida atenta contra la unidad de mercado a nivel nacional, en dirección contraria precisamente de los esfuerzos que a nivel europeo se están desarrollando para reforzarla como elemento fundamental de la futura competitividad de la UE y de España.
Finalmente, no es la primera vez tampoco que alertamos de que el Ministerio de Trabajo está deliberadamente vulnerando los acuerdos alcanzados en el marco de la última reforma laboral, en cuyas negociaciones ya pactamos no abordar la cuestión de la prevalencia de los convenios al entender todas las partes que era dañino para los intereses generales y anacrónico en el contexto actual.
Consideramos que es una cuestión especialmente grave en tanto que dicha reforma laboral constituyó un hito del Plan de Recuperación y Resiliencia que sirvió para atraer cuantiosas cantidades de dinero a España.
Una vez más, CEOE, CEPYME y ATA seguimos con la mano tendida para que, desde el trabajo conjunto en las mesas de diálogo social y desde la autonomía de las partes en la negociación colectiva, como siempre hemos hecho, podamos ofrecer a la sociedad en general el necesario clima de entendimiento y convivencia y las mejores soluciones posibles a los problemas reales a los que nos enfrentamos en estos momentos.
Por ello, es todavía más incomprensible la actitud del Gobierno de querer romper el diálogo social al forzar la entrada en foros de diálogo a actores afines a sus intereses, como se ha vuelto a ver en el mismo Real Decreto-ley de este martes, con los cambios en el reglamento del CES.
