El conseller de Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, se ha reunido con los responsables de las policías locales de los cinco ayuntamientos de la isla para coordinar, un año más, el servicio de detectives privados que el Consell Insular d’Eivissa va poner en marcha el pasado verano de 2021 para combatir las fiestas ilegales.
Este año, el servicio se ha contratado a la agencia Intelligencia Pro Justitia por importe de 51.836 euros más IVA, y tiene previsto actuar a lo largo de todo este verano. Se trata de un servicio que se puso en marcha durante la pandemia de la Covid19, cuando existían limitaciones de aforo y de horarios en los establecimientos públicos y proliferaron las fiestas ilegales que suponían infringir las limitaciones impuestas de carácter sanitario y también la Ley de Actividades.
Una vez finalizada la pandemia, el servicio se mantiene porque, como explica Juan, “se trata de una medida disuasoria que nos han pedido los propios ayuntamientos, porque sus agentes de policía necesitan un refuerzo para detectar las fiestas ilegales, actuar y sancionar”. Juan ha explicado que se trata de un servicio que ayuda a los ayuntamientos a ejercer sus competencias para controlar las actividades que se realizan en sus municipios y que, los cinco consistorios, consideran “muy positivo” para evitar que las fiestas ilegales sean un problema de competencia desleal y de convivencia.
El conseller recordó que el trabajo de estos detectives es localizar, identificar y paralizar, de la mano de las policías locales, de forma preventiva la celebración de este tipo de fiestas. El pasado verano, sus infiltraciones y sus informes fueron determinantes para la desarticulación de una importante organización criminal dedicada al tráfico de drogas, en una gran intervención policial coordinada por la Guardia Civil, Policía Nacional y Policías Locales.
Sanciones para todos los responsables de las fiestas ilegales
Juan también ha recordado que con la propuesta de modificación legislativa elevada por parte del Consell d’Eivissa y que fue aprobada por el Govern en diciembre de 2021, los colaboradores de estas fiestas “también pagan” ya que la nueva normativa incluye la sanción a todos los responsables en la celebración de estas fiestas: organizadores, comercializadores, colaboradores, Djs y participantes con un alto coste de las multas que van desde los 100.000 hasta los 300.000 euros, “por lo que todos, desde los organizadores, a los comercializadores, colaboradores y participantes tendrán que pagar por realizar una actividad ilegal”.
La mayoría de las fiestas ilegales donde se han infiltrado los detectives en los últimos años se han celebrado en villas alejadas de la población, y los accesos se realizan a través de contactos, amigos, grupos de Whatsapp, páginas web.
El precio de las entradas varía según el tipo de fiesta y puede ir de los 20 a los 150 euros, con o sin consumición. Por no ser detectados piden el pago en efectivo o con tarjeta, no con Bizum. Muchos de los promotores de estas fiestas tienen relaciones entre ellos.
