El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a través de la Secretaría de Estado de Migraciones, destinará este año 2024 más de ocho millones de euros para garantizar una correcta atención sanitaria a las personas de nacionalidad española residentes en el exterior.
Esta atención se materializa a través de convenios con los sistemas públicos de salud del país donde residen estos ciudadanos y ciudadanas españoles o, más habitualmente, con sociedades o aseguradoras privadas. A través de dichos convenios (en la actualidad existen 19 convenios, que se encuentran en vigor, o en cuatro casos, en fase de tramitación para su renovación), el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones da cobertura a los españoles y españolas en el exterior en un total de 14 países: Argentina, Brasil (una parte de su territorio), Bolivia (una parte de su territorio), Chile, Colombia, Ecuador, Marruecos, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Rusia, Uruguay y Venezuela.
En 2023, un total de 6.307 españoles y españolas residentes en terceros países se beneficiaron de estas ayudas, que supusieron un desembolso por parte de la Secretaría de Estado de Migraciones de casi 6,5 millones de euros (6.409.344).
En cuanto a las previsiones para el presente ejercicio económico, el gasto que realizará el Gobierno de España se incrementará hasta superar los ocho millones de euros. La principal razón de este aumento radica en el último convenio renovado y publicado en el BOE el 13 de mayo: el firmado entre la Secretaría de Estado y la Fundación España Salud (FES) para garantizar la asistencia sanitaria en Venezuela de ciudadanas y ciudadanos españoles residentes en este país que por escasez de recursos económicos no pueden recibir una correcta prestación sanitaria.
Este convenio es el más importante en cuanto al número de españoles beneficiados, un total de 4.092, y a la inversión, que casi alcanza este año los cinco millones de euros. Precisamente el pasado 3 de abril, el ministerio se comprometía a incrementar el importe que se destinará a cada pensionista beneficiario de esta ayuda, pasando de los 960 euros por persona a los 1.200 que se contemplan en el presente convenio.
La FES se constituyó en 2006 con “el objeto de prestar atención sanitaria médico-quirúrgica y farmacéutica a los emigrantes españoles, beneficiarios de pensiones del sistema español de protección social y de ayudas por incapacidad, sin perjuicio de que su acción se extienda a todos los miembros de la colectividad española, contemplando también la asistencia sociosanitaria, incluyendo la dependencia”, y su principal soporte económico es el Gobierno de España.
Estas ayudas que viene prestando el Gobierno de España a sus ciudadanos y ciudadanas residentes en el exterior tienen respaldo jurídico en el Real Decreto 8/2008, de 11 de enero, que reconoce el derecho a la asistencia sanitaria, cuando esta atención sanitaria sea insuficiente, a los españoles que residan en el exterior y no tengan disponibilidad de recursos propios para proveérsela, así como en la Ley 3/2005, de 18 de marzo, que reconoce una prestación a los ciudadanos de origen español desplazados en su minoría de edad durante la Guerra Civil y que han pasado la mayor parte de su vida fuera de territorio nacional, para que puedan recibir una correcta y completa asistencia sanitaria en los países en los que residen.
