La consellera de Familias y Asuntos Sociales, Catalina Cirer, ha dado cuenta de algunas de las iniciativas sociales que contempla el Decreto Ley 3/2024, de 24 de mayo, de medidas urgentes de simplificación y racionalización administrativas. El Decreto Ley establece que las personas con un diagnóstico de salud mental grave no tendrán que acreditar un nivel de discapacidad del 33 % o superior para acceder a determinados servicios contemplados en la Cartera básica de servicios sociales.
En concreto, las personas con un diagnóstico de salud mental grave ya podrán acceder a centros ocupacionales, recibir apoyo socioeducativo comunitario, recibir una prestación de atención en el domicilio compartido y acceder a viviendas supervisadas. Esta medida supondrá una notable agilización en el acceso al recurso necesario por estas personas, puesto que no tendrán que esperar a tener una valoración de discapacidad para poder recibir la atención que necesiten, mejorando notablemente su calidad de vida.
«Esta medida implica una mejora notable en la calidad de vida de las de las personas con un diagnóstico de salud mental grave, puesto que su diagnóstico ya será aval suficiente para acceder a estos recursos tan importantes para su desarrollo», ha dicho Cirer. Además, «esta medida es un ejemplo más de que este gobierno pone a las personas en el centro de su acción, y las personas con diagnóstico de salud mental son una verdadera prioridad». La consellera ha remarcado la colaboración con las entidades y asociaciones del tercer sector, que «llevaban tiempo reclamando esta medida y por fin es una realidad», ha dicho Cirer.
Otra de las iniciativas que ha presentado la consellera, que ha comparecido con los directores generales de Asuntos Sociales, Pep Falcó, y de Atención a la Dependencia, Pedro Codes, es la eliminación del requisito de edad para acceder y permanecer en los recursos antes mencionados, haciendo prevalecer los criterios terapéuticos y de arraigo, más que los de edad. «Consideramos que sacar de un recurso a una persona con un determinado diagnóstico en función de su edad y no en función de sus necesidades terapéuticas era una acción claramente edadista y alejada de la realidad de estas personas y sus familias», ha añadido Cirer. Cabe recordar que, cuando una persona con un diagnóstico de salud mental grave cumplía los 65 años de edad, podía ser realojada en una residencia de la red pública, sin tener en cuenta sus necesidades terapéuticas y de arraigo, y ahora podrá permanecer en el recurso más adecuado.
Historia Social Única
Cirer ha explicado, también, que el Decreto ley de medidas urgentes de simplificación y racionalización administrativas supone el inicio de la futura Historia Social Única, un instrumento que integrará la información de la persona usuaria de servicios sociales y su núcleo familiar, si procede, para facilitar la interoperatividad y comunicación entre las diferentes administraciones y sistemas como educación, vivienda, salud, ocupación, etc. Esta herramienta facilitará la comunicación entre los servicios sociales básicos y los especializados, ahorrando trámites y burocracia a las personas usuarias y, al mismo tiempo, facilitando el intercambio de información entre las diferentes administraciones en beneficio de los ciudadanos. «Esta herramienta evitará que las personas beneficiarias de los programas de atención social tengan que hacer trámites innecesarios y puedan acceder de manera más rápida a los recursos y prestaciones que necesitan».
La Historia Social Única es el paso previo a la tarjeta social única, que permitirá recoger todos los recursos de los cuales dispone y a los cuales tiene derecho una persona, facilitando y agilizando su tramitación.
Este proyecto, que ya funciona con éxito en otras comunidades autónomas, supondrá una inversión inicial de más de 5 millones de euros financiados por la Unión Europea (Next Generation EU) y se espera sea una realidad antes de diciembre de 2025.
Plazas de difícil cobertura de la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia y de Promoción de la Autonomía Personal
El Decreto Ley de medidas urgentes de simplificación y racionalización administrativas también contempla la creación del complemento retributivo de plazas de difícil cobertura de la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia y de Promoción de la Autonomía Personal para los puestos de trabajo estructurales y coyunturales que desarrollen sus funciones en la isla de Ibiza. El importe de estos complementos será fijado por el Consell de Govern.
Esta medida pretende contribuir a garantizar la atención de calidad en las residencias, donde, como es sabido, resulta complicado conseguir y fidelizar profesionales.
