El Departamento de Lucha contra el Intrusismo ha remitido a la Dirección General de Vivienda el expediente abierto contra una ciudadana española, propietaria de una vivienda de protección oficial ubicada en Puig d’en Valls, Santa Eulària, que alquilaba habitaciones a través del portal de reservas Airbnb. Al tratarse de una vivienda con un régimen determinado y del que es competente la administración de la Comunitat, se ha dado traslado de este expediente para que la Dirección General tenga conocimiento y actúe en función de la legislación vigente y que afecta a este tipo de vivienda.
El servicio de inspección del Consell d’Eivissa inició el procedimiento sancionador contra esta ciudadana por hacer publicidad y comercializar habitaciones dentro de esta vivienda sin haber presentado declaración Responsable del Inicio de la Actividad Turística, y sin estar inscritos en el Registro Insular de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos.
En los anuncios, la anfitriona se presentaba como superhost, se podían leer más de 15 evaluaciones de usuarios, tenía calendario de disponibilidad y se podía reservar por un precio de 180 euros la noche, con 15 euros de gasto por limpieza y 64 euros de comisión de servicio para Airbnb.
El consejero de Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, ha destacado que este caso es “especialmente ofensivo” porque, en una situación de necesidad de vivienda para tantas personas, “hay quien se aprovecha del beneficio de haber obtenido una VPO para hacer negocio
ilegal. Somos y seremos implacables con quienes se aprovechan, queremos que el infractor sienta la presión de los servicios de inspección del Consell d’Eivissa que tanto trabajo están haciendo para identificar, expedientar y sancionar los alquileres turísticos ilegales”.
