El Consejo Ejecutivo ha aprobado la orden de demolición y multa por un importe de 1,4 millones de euros a la propietaria y promotora de unas obras ilegales en la Vènda de s’Àguila en el municipio de Sant Joan de Labritja.
Las actuaciones ejecutadas por la responsable de estas obras ilegales se valoran en una sanción global de más de 1.479.630,78 euros y se le otorga un plazo de seis meses para iniciar las obras de demolición y restablecimiento de la legalidad física alterada, y de tres años para su ejecución. En caso de que no se cumpla este plazo, el Consell d’Eivissa puede ejecutar estos trabajos de forma subsidiaria.
Las edificaciones objeto de la orden de demolición son una serie de construcciones (10 en total) que incluyen dos lavaderos, tres casas para invitados, piscina, anfiteatro, terraza pavimentada, pérgola e instalación fotovoltaica. Todas estas obras se realizaron sin licencia como ampliación de una casa original de 1956 en Suelo Rústico Protegido en Área Natural de Especial Interés (SRP-ANEI) y, por tanto, no permitidas.
Desde el Departamento de Gestión del Territorio se recuerda que los delitos contra la ordenación del territorio en suelo protegido, además de las multas y órdenes de derribo de las ilegalidades, pueden suponer penas de hasta cuatro años de cárcel. En muchos de los expedientes sancionadores, las propuestas de sanciones van dirigidas también a los constructores y colaboradores en los trabajos ejecutados, no sólo a los promotores y propietarios, porque tienen el deber de comprobar que el promotor de los trabajos a ejecutar ha pedido la preceptiva licencia.
Este expediente sancionador inició su procedimiento en febrero de 2023
A lo largo de los últimos cinco años, el Departamento de Ordenación del Territorio del Consell d’Eivissa ha conseguido que se derriben seis construcciones ilegales y ha remitido a Fiscalía seis denuncias por delitos contra la ordenación del territorio en suelo protegido.
