La consellera de Familias y Asuntos Sociales, Catalina Cirer, ha asistido a la XII Conferencia Sectorial de la Inmigración convocada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, donde ha reclamado una política transversal en materia de migraciones que dé respuesta a las necesidades globales del colectivo de las personas inmigradas y a las comunidades autónomas «que de manera solidaria debemos dar respuesta a estas personas», ha dicho Cirer, recordando que las competencias en materia de inmigración son del Estado. La representante balear en la conferencia sectorial ha recriminado al Ministerio que «vaya en la línea opuesta a las comunidades autónomas, que somos las que debemos gestionar el día a día de una realidad cada vez más difícil y más cambiante».
Cirer ha aprovechado la ocasión para volver a reclamar la convocatoria de una conferencia de presidentes donde «se pueda abordar esta problemática de forma global entre todos los presidentes de todas las comunidades al máximo nivel pero, una vez más, hemos obtenido el silencio por respuesta».
La consellera ha recordado la necesidad de recibir más recursos para atender de forma digna a las personas que llegan, tanto a los adultos como a los menores no acompañados, y que se establezca un plan de abordaje de estas realidades.
Cirer ha recordado la difícil situación en la que se encuentran las comunidades autónomas, que, en palabras de la consellera, «son las responsables de realizar el trabajo para atender a estas personas» y especialmente Baleares, «donde la llegada de pateras es prácticamente diaria». En referencia a la grave situación de Baleares, consolidada como ruta, Cirer ha pedido que se declare la emergencia migratoria en España para que «en Europa se conozca cuál es nuestra realidad, puesto que la situación es muy complicada de abordar por parte de las comunidades autónomas en solitario».
La consellera de Familias y Asuntos Sociales ha lamentado la negativa a todas las propuestas que se plantean por parte de los gobiernos autonómicos ante una situación «muy difícil de abordar y muy difícil de gestionar por parte de las comunidades autónomas, que somos las que realmente somos solidarias, aunque quieran hacer ver lo contrario».
