El Govern de les Illes Balears, mediante la Abogacía de la Comunidad Autónoma, ha interpuesto hoy martes un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía para la Normalización Institucional, Política y Social de Cataluña aprobada el pasado 30 de mayo en el Congreso de los Diputados. Además, se ha autorizado también a la Abogacía a formalizar la recusación del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y de los magistrados del TC Juan Carlos Campo Moreno y Laura Díez Bueso.
La Abogacía de la CAIB argumenta que la Ley vulnera el principio de separación de poderes —pilar del Estado de Derecho— porque supone la vulneración de manera flagrante de la atribución exclusiva a los jueces y tribunales del ejercicio de la potestad jurisdiccional, dado que priva de efectos las sentencias, posibilita que las Cortes Generales puedan suplantar el poder judicial en sus funciones y considerar antijurídica la legislación que en su día aplicaron los tribunales de justicia, al borrar con efecto retroactivo delitos que eran vigentes cuando el poder judicial los aplicó. Así mismo, remarca que la Ley de Amnistía es contraria al principio de interdicción de la arbitrariedad que garantiza el artículo 9.3 de la Constitución.
La Abogacía de la Comunidad reitera que la Ley de Amnistía no tiene cabida dentro del marco constitucional vigente porque vulnera el principio de igualdad del artículo 14 CE y el artículo 20 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La Ley de amnistía reconoce un privilegio —la eliminación de las responsabilidades penales, administrativas y contables— a unos ciudadanos por el solo hecho de haber llevado a cabo las conductas generadoras de esta responsabilidad en una comunidad autónoma determinada. A la vez, la Abogacía señala que se trata, por lo tanto, de un privilegio del cual no pueden disponer ni pueden aspirar el resto de ciudadanos españoles ni, obviamente, los residentes en las Islas Baleares. Como parte integrante de los poderes del Estado, los poderes públicos de las Islas Baleares tienen que velar por el cumplimiento de las prescripciones y el espíritu de la Constitución. Por eso, el Govern de les Illes Balears está legitimado para recorrer contra las leyes del Estado qué no sean compatibles con los valores que expresa la Constitución.
Con esta paso, el Govern de les Illes Balears da cumplimiento a su compromiso de presentar el recurso antes del plazo de tres meses desde la publicación de la Ley de Amnistía en el BOE.
