El gobierno considera que con el nuevo reglamento de extranjería
centenares accederán a sus papeles.
Así lo confirmaba la propia ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, el jueves 9 de enero en el balance anual que hacía sobre la gestión de su cartera, poniendo fin al sueño y a las esperanzas que tenían puestas los cientos de miles de personas que tenían la ilusión de regularizarse. Recordemos que la Iniciativa Legislativa Popular se anunció antes de la aprobación del nuevo Reglamento de Extranjería.
Según la ministra, tanto el actual Reglamento de Extranjería como el nuevo Reglamento que entrará en vigor el próximo 20 de mayo de 2025, ya dan la oportunidad de regularizarse a través de los distintos tipos de arraigo. Y, aunque es verdad que algunas de las condiciones para acogerse a alguno de estos arraigos se hayan flexibilizado, no es suficiente ni da cobertura a toda la casuística posible.
La ministra anunció la creación de un Plan Estatal de Retorno Voluntario para aquellos españoles afincados en otros países. Este plan incluirá la creación de Oficinas de Retorno con el objetivo de poder asesorar y servir de soporte a todos aquellos españoles que deseen regresar.
Se calcula que hay alrededor de 3 millones de españoles registrados en el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero. Españoles que se encuentran especialmente en países como Argentina, Francia, Estados Unidos, Reino Unido o Alemania.
Saiz declaró su compromiso con la inclusión de ciudadanos extranjeros en el mercado laboral a través de la ampliación del Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura. «Es un asunto prioritario que abordaremos a través de dos líneas de trabajo que están íntimamente conectadas: una, la ampliación del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, una tarea que asumiré personalmente identificando sectores de mano de obra de forma objetiva; y dos, la estrategia de movilidad laboral anunciada por el presidente del Gobierno», afirmaba.
No a la regularización
La Iniciativa legislativa Popular sobre la Regularización de Extranjeros daba un paso más. Avanzaba. El PSOE y Sumar llegaban a un acuerdo para desbloquear la tramitación de esta propuesta que pretende regularizar entre 400.000 y 500.000 extranjeros que se encuentran en España de forma irregular.
Se acordó no prorrogar más el plazo para presentar enmiendas, un plazo que acabó el 25 de septiembre de 2024 y la iniciativa se esperaba que llegase al pleno la semana del 13 de octubre de 2024.
Después de que ese periodo de enmiendas se prorrogase hasta en nueve ocasiones, finalizó el plazo para hacer aportaciones al texto de la regularización.
PSOE y SUMAR
Solicitaban de manera conjunta que puedan acceder a una autorización de residencia y/o trabajo aquellos ciudadanos extranjeros en situación irregular que llevasen en España desde antes del 31 de diciembre del 2023.
Además, pedían que dicha autorización estuviera sujeta a motivos laborales, socioformativos, familiares y/o humanitarios.
ERC, Bildu, Podemos y BNG
Por otro lado, los partidos Esquerra Republicana de Catalunya, EH Bildu, Podemos y el BNG pedían que se eliminase la fecha propuesta por PSOE y SUMAR y pudieran pedirla todos los extranjeros que estuvieran en España en el momento de la entrada en vigor de esta norma.
PNV
Este grupo parlamentario pedía que las autorizaciones fuesen ligadas a un contrato de trabajo y que “las personas empresarias o empleadoras que pretendían contratar a una persona extranjera que se encuentre en el territorio estatal antes del 1 septiembre de 2024 pudiesen solicitar que se le otorgue una autorización inicial de residencia y trabajo por cuenta ajena”. El periodo de vigencia sería de dos años y la persona extranjera podrá presentar “ulteriores solicitudes de autorización”.
La persona trabajadora debía estar empadronada en nuestro país, con un mínimo de 6 meses previos a la entrada en vigor de la norma y debía estar en España en el momento de hacer la solicitud.
En el contrato de trabajo, el empleador debía mantener ese contrato por 6 meses, salvo en sectores como el agrario, la hostelería o la construcción, así como quienes trabajen a tiempo parcial o quienes trabajen como empleadas de hogar.
Junts
Propuso que la propuesta de regularización fuera valorada por las Cortes, teniendo en cuenta el traspaso de competencias en inmigración que existe en Catalunya y opinaban que la Iniciativa Legislativa Popular era insuficiente para justificar las modificaciones planteadas.
Partido Popular
En su caso, querían mantener la fecha inicial de manera que pudieran regularizarse quienes estuvieran en España desde antes del 1 de noviembre del 2021, siempre que no hubieran cometido delitos ni tuvieran antecedentes penales no cancelados.
Además, pedían que más que una regularización «masiva», fuera una regularización «individualizada», de modo que cada solicitante acreditase inserción o arraigo mediante un contrato de trabajo o un pre-contrato, un documento que demostrase actividad económica continuada por un tiempo superior a un año, contase con un proyecto viable o solicitase protección internacional.
Así mismo, pedían una planificación detallada de los recursos materiales y humanos destinados a poner en marcha la maquinaria de la regularización.
