El derecho a la escolarización, el acceso a la tarjeta sanitaria y la prueba de residencia de los tres años para el arraigo social, en el caso de los extranjeros sin papeles son los tres ejes fundamentales de este procedimiento administrativo.
La Plataforma por la Inmigración en Baleares había advertido días atrás, dificultades de ciudadanos originarios de varios países, que denunciaban las trabas para empadronarse en los ayuntamientos de los municipios donde residen.
En la mayoría de ocasiones, cuentan los afectados, los arrendadores de los domicilios, o incluso, quienes subalquilan espacios o habitaciones en viviendas, se cierran en banda para impedir que quienes viven en estos inmuebles puedan empadronarse con los graves perjuicios que conlleva este hecho.
Para tratar este espinoso tema, Baleares Sin Fronteras ha dialogado con Catalina Trobat, coordinadora de la regiduría de Cultura y Bienestar Social del Ayuntamiento de Palma. En esa línea, recuerda que desde finales de 2015 la ley obliga a todos los ayuntamientos a empadronar a sus ciudadanos sin importar su situación administrativa.
Admite que los problemas para empadronarse se han convertido en una situación que se debe desmitificar. “para agregar que hay personas que están plenamente convencidas que tener un empadronado en su domicilio les va a generar problemas con hacienda o la policía.
Trobat recuerda que los ayuntamientos no cruzan informaciones con las administraciones sancionatorias, por lo que es “equivocado pensar que empadronando a alguien se les investigará por un tema fiscal o policial”.
De la misma forma, dice que la función de los consistorios no apunta a fiscalizar cuántas personas deben vivir en un domicilio o si se cumplen o no las condiciones sanitarias de rigor para habitar en ese inmueble, “es un miedo que no debería existir”, subraya.
En este sentido, aclara que la información del padrón solo sirve para para llevar las estadísticas del número de personas que residen en Palma y no para enviar a ninguna otra administración. De hecho, comenta que no existe ninguna ley que sancione en el caso de que habite o no en el domicilio a donde alguien esté empadronado.
La importancia del padrón municipal se centra en tres ejes básicos: permitir la escolarización de los hijos. Acceder a la tarjeta sanitaria, especialmente en estos momentos de pandemia y para poner el contador a ceros cuando alguien aspire a regularizar su situación migratoria con los tres años del arraigo social.
No obstante, en España no existe una ley que tipifique sanciones a los propietarios de viviendas que prohíban a sus inquilinos empadronarse, aun así, Catalina Trobat afirma que se está vulnerando un derecho fundamental.
En el caso de que una persona llegue al límite de no poder empadronarse existe una figura denominada “domicilios ficticios”, concretamente, los afectados, muchos de ellos habitantes de la calle se pueden empadronar en el propio ayuntamiento dirigiéndose antes a los servicios sociales. Además, si una persona en condición de vulnerabilidad vive en un albergue puede empadronarse aportando la dirección y los datos de este lugar.
Remitiéndose a los hechos, la encargada del área afirma que Palma es la ciudad pionera en la aplicación de este padrón activo. “Es importante empadronarse, nada tiene que ver con la nacionalidad, o si puede o no aportar un contrato de trabajo, es un derecho”, comenta.
El Ayuntamiento de Palma ha abierto una oficina de información de atención al ciudadano (0AC) en donde atienden de 9h a 14h de lunes a viernes sin cita previa. Número de contacto
Pagué 500 euros por empadronarme
Raúl, nombre ficticio, originario de Ecuador contó a este periódico que para poder escolarizar a sus hijas de 7 y 11 años tuvo que pagarle a alguien 500 euros. “Primero son mis hijas, y no quiero que se queden sin estudiar, por eso me tocó pagarle a una persona para que me empadronara a mi familia”, Raúl vive en un albergue, con su esposa, sus dos hijas y otra recién nacida.
Nos cuenta que no tiene papeles, pero lo positivo es que está a punto de cumplir los tres años para el arraigo social. Lo único que necesita es un contrato de trabajo para poder sacar adelante a su familia.
