El reciente 18 de octubre se conmemoró el Día Europeo contra la Trata de Personas,
una fecha que Amnistía Internacional aprovecha para recordar que las autoridades españolas, a pesar de haber prometido mejorar la protección de estas mujeres, siguen anteponiendo la persecución del delito y el control de la inmigración irregular a su condición de víctimas de violaciones graves de derechos humanos.
Ni la Ley contra la Trata, que todavía no ha sido presentada, ni el desarrollo reglamentario que debería regular el acceso a la renta mínima para las víctimas de trata, incluido en el Anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, son todavía una realidad. Mientras tanto, lamenta la organización, en la Europa de los 28 se registraron un total de 26.268 víctimas de tráfico con diversos fines (de las que el 60% son con fines de explotación sexual) en 2018, según los datos del último informe de la Comisión Europea que indica que España sigue siendo uno de los cinco países europeos con cifras más altas de personas sospechosas o detenidas por tráfico, solo después de Italia, Francia, Alemania y Rumanía.
España sigue desoyendo las recomendaciones de organismos internacionales para poner en el centro de toda actuación los derechos de las víctimas de trata, ya que la identificación de las mismas sigue estando principalmente ligada a las operaciones policiales contra las redes de crimen organizando y continúa dependiendo de estas unidades activar o no mecanismos de protección que, en muchos casos, ni siquiera son respetados una vez activados.
Además, sigue sin haber un mecanismo multiagencial, en el que participen los distintos organismos encargados de detectar a las posibles víctimas de trata, para asegurar que ninguna de ellas se queda sin identificar en un país en el que por su situación geográfica es puerta de entrada y también de destino y tránsito. Asimismo, este mecanismo ayudaría a identificar a posibles víctimas que sumen vulnerabilidades, como mujeres trans o mujeres con algún tipo de discapacidad psíquica o intelectual, que pueden estar incluso más invisibilizadas.
“Nos preocupa que la anunciada Ley Integral contra la Trata se siga retrasando. Pero también que se continúe con el mismo enfoque policial, sin colocar los derechos humanos de las víctimas en el centro. Mientras sea la policía la única institución encargada de identificar a las posibles víctimas, se va a seguir priorizando la persecución de las redes criminales y de la migración, negando la protección a las víctimas que no puedan o no se atrevan a testificar contra sus agresores”, señala Virginia Álvarez.
España es uno de los 9 países europeos, junto con Bulgaria, Alemania, Francia, Croacia, Luxemburgo, Hungría, Austria y Finlandia que solo permiten a la policía identificar a las víctimas. “Como consecuencia, y especialmente en las costas, muchas posibles víctimas “se pierden” por el camino, y muchos traficantes están esperándoles en esos lugares de tránsito.
De hecho, según el último balance del gobierno con datos de entre 2016 y 2020, de las 44.117 personas en riesgo solo 885 fueron finalmente consideradas víctimas de trata, 160 lo habrían sido en el año 2020. Entre ellas habría dos niñas y un niño, así como doce hombres. Estos datos no incluyen a las mujeres que solicitan protección internacional o migrantes que llegan a las costas.
La organización recuerda que si no se identifica a las posibles víctimas, los siguientes pasos, como son garantizar su asistencia, acceso a justicia y derecho a la reparación, son inexistentes.
Cadenas invisibles
En 2018, según la UNDOC, se detectaron cerca 50.000 personas víctimas de tráfico en 148 países del mundo, aunque dada la naturaleza de oculta de este tipo de delito el número podría ser mucho mayor. El 50% de las víctimas de tráfico son con fines de explotación sexual, de las cuales la mayoría son mujeres y niñas.
En octubre de 2020, Amnistía Internacional lanzó una campaña y publicó un nuevo informe, “Cadenas invisibles”, en el que denunciaba cómo la identificación y, por lo tanto, la protección de las víctimas de trata con fines de explotación sexual tiene graves fallos estructurales en España. La organización analizaba cómo las autoridades españolas priman la persecución del delito, por lo que las víctimas son instrumentalizadas y vistas como pruebas para la investigación, y no como personas necesitadas de protección durante todo el ciclo.
