Por Carolina Quintana
Abogada Colegiada del ICAIB Nº 6511
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Generalmente a medida que se acercan tiempos de campaña electoral, el tema migratorio comienza a estar de actualidad, cosa rara dado lo poco que se acuerdan del colectivo inmigrante cuando no es época de mítines y de apelar a temas para llamar la atención de los posibles electores.
Así la derecha, siempre arremete de forma negativa contra el colectivo inmigrante, mientras la izquierda hace tímidos discursos en favor de los extranjeros.
La realidad es que el ciudadano extranjero es un gran olvidado por las administraciones y rara vez se toman medidas que lo beneficien, más bien todo lo contrario, es un colectivo que es maltratado institucionalmente, ya que en la mayoría de los casos le es imposible poder acceder a las instituciones previstas para gestionar la inmigración, tales como las oficinas de extranjería.
Pero en honor a la verdad debemos decir que en estos últimos años ha habido varias novedades en materia de extranjería. Quienes nos dedicamos a esto recibíamos con alegría el avance sobre algunos asuntos, aunque esta primera euforia se ha ido desvaneciendo con el correr del tiempo. Y es que muchas de estas medidas que reconocían derechos a los extranjeros no se han materializado.
Debemos decir que el hecho de que se pueda solicitar telemáticamente permisos de residencia iniciales, tales como tarjeta de familiar de comunitario, arraigos, residencia de menores no nacidos en España, estancias de estudios entre otras… es lo más positivo que en materia de extranjería le debemos al COVID-19.
Esta medida ha permitido que se pueda acceder a la oficina de extranjería sin necesidad de solicitar cita previa.
Otra novedad importante ha sido las modificaciones llevadas a cabo en el arraigo laboral. En junio de este año nos despertábamos con la buena noticia de que la Secretaría de Estado de Migraciones, por fin después de una larga espera, ponía a disposición de los ciudadanos extranjeros y de los profesionales de extranjería la instrucción sobre el procedimiento relativo a las autorizaciones de residencia temporal por razones de arraigo laboral, introduciendo a este procedimiento el criterio aceptado por el tribunal supremo a fin de probar la relación laboral.
Aunque lamentablemente nuestra alegría se desvaneció a medida que fuimos estudiando esta instrucción, donde la secretaría dejo muy claro que acataba la sentencia pero que no estaba de acuerdo con ella, y esto lo transmitió introduciendo unos requisitos muy específicos en cuanto a las características de la relación laboral, dejando fuera de este supuesto, por ejemplo a los trabajadores por cuenta propia.
A esto debemos sumarle que de los miles de solicitudes de arraigo laboral, que se han solicitado, muy pocas han sido resueltas por lo que, tenemos a muchos ciudadanos extranjeros que llevan meses esperando que se resuelvan sus solicitudes y conseguir sus ansiados permisos de residencia y trabajo.
También se ha realizado una modificación en las solicitudes de autorizaciones de residencia de los menores no acompañados, facilitándoles la obtención de sus permisos con una autorización de trabajo a partir de los 16 años, lo que permitirá una mayor integración de estos jóvenes a nuestra sociedad.
Pero el cambio mas importante en este ámbito ha sido los requisitos para la renovación de sus autorizaciones. En el pasado se le solicitaba unos requisitos imposibles de cumplir, dentro de ellos se exigía disponer de unos ingresos de 2000 euros mensuales para poder renovar sus autorizaciones, esto era ridículo y los abocaba a caer en la irregularidad, por lo que en la actualidad se les solicita tener unos ingresos de 500 euros mensuales, que podrán provenir de ayudas estatales y en el caso de estar a cargo de una institución esto no se exige.
También el plan de choque para resolver las miles de solicitudes de nacionalidad que llevaban años atascadas están dando resultados, y miles de ciudadanos extranjeros ven cómo se les concede la anhelada nacionalidad española. Lamentablemente esto ha colapsado los registros civiles para el trámite de la jura de la nacionalidad, por lo que es prácticamente imposible conseguir una cita para llevar a cabo este último paso.
El Estado ha intentado solventarlo permitiendo que la jura se realice ante notario, aunque obviamente esto conlleva un coste que no todo el mundo tiene posibilidad de asumir.
Debemos decir que la línea ha sido mejorar las condiciones administrativas de los ciudadanos extranjeros, pero como ya venimos denunciando en anteriores ediciones, faltan medios materiales y personales para que estas medidas tan positivas se materialicen en verdaderas mejoras para los ciudadanos extranjeros.
España debe seguir la línea europea, el respeto a los derechos fundamentales como base de la UE, donde la propia comisión ha admitido que, con un sistema bien gestionado, la inmigración puede contribuir al crecimiento, la innovación y el dinamismo social.
