El Consejo de Ministros ha analizado el anteproyecto de Ley Reguladora de los planes de pensiones de empleo, que responde a las recomendaciones del Pacto de Toledo y está contemplada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y en los Presupuestos Generales del Estado de 2021.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha explicado que el impulso de los planes de empleo forma parte de la modernización y refuerzo del sistema de pensiones. El primer pilar, ha afirmado, es asegurar su revalorización y mantener su poder adquisitivo indefinidamente y de acuerdo con el Índice de Precios al Consumo (IPC). El segundo pilar recoge un conjunto de medidas orientadas a liberar a la Seguridad Social de 20.000 millones de euros de gastos impropios.
Escrivá ha detallado que la futura ley facilitará el acceso a planes colectivos de pensiones a asalariados, autónomos y empleados públicos que hasta el momento no habían tenido acceso al producto al haber estado orientado a grandes empresas. El ministro ha indicado que la oferta actual de fondos de pensiones está dirigida principalmente a planes individuales, que giran en torno al sistema bancario, con altas comisiones y concebida para rentas altas. La norma incorpora distintos instrumentos para configurar un producto de ahorro barato, orientado a que los ciudadanos complementen sus pensiones y tengan un salario en diferido.
Ejes de la reforma de los planes colectivos de pensiones
José Luis Escrivá ha incidido en que la norma crea un fondo de empleo impulsado desde el sector público y gestionado por el sector privado. Las gestoras y depositarias de los planes serán seleccionadas mediante concurso público, garantizando así la competencia y que las comisiones sean bajas. Además, el texto potencia la negociación colectiva entre trabajadores y empresarios y favorece que los acuerdos sectoriales se extiendan a todas las empresas del mismo ámbito.
Una plataforma digital, donde cada partícipe podrá consultar toda la información y realizar trámites, facilitará la transparencia y la portabilidad entre planes de pensiones.
El ministro también ha destacado que este producto tendrá una fiscalidad diferenciada, siguiendo las recomendaciones del Pacto de Toledo, y mucho más favorable que los planes individuales, según se recoge en los Presupuestos Generales del Estado. La deducción en el IRPF puede elevarse a los 8.500 euros, mientras que en los planes individuales se sitúa en 1.500. La suma de las aportaciones a distintos planes puede suponer para el partícipe una deducción de 10.000 euros.
El ministro ha avanzado que la norma presentada hoy podría estar aprobada definitivamente antes de finalizar el primer semestre de 2022.
Lucha contra todas las violencias machistas
El Gobierno ha aprobado una declaración institucional con motivo del Día Internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres, que se celebra el 25 de noviembre.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha afirmado que “la lucha contra las violencias machistas es una cuestión de Estado y un compromiso unitario y sin fisuras del conjunto de las instituciones del país”. En este sentido, ha indicado que el Ejecutivo y todos los grupos políticos están trabajando para actualizar el Pacto de Estado contra la violencia de género vigente hasta 2022: “Hay que convertir ese pacto en permanente y blindar tanto las medidas recogidas en él como su financiación”.
Montero ha señalado que las políticas públicas contra las violencias machistas funcionan y salvan vidas. Los datos reflejan el aumento de las denuncias de agresiones sexuales, la reducción de los asesinatos de mujeres y su mayor confianza en las instituciones.
Por otra parte, el Consejo de Ministros ha regulado la concesión de una subvención directa a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para modernizar y ampliar los dispositivos de atención y protección a las víctimas de violencia machista en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
La titular de Igualdad ha destacado que el Servicio Telefónico de Atención y Protección para las víctimas de la Violencia de Género (ATENPRO), del que son usuarias unas 16.000 mujeres, se ampliará a todas las formas de violencia machista en 2023 para que las víctimas de violencia y explotación sexual o trata puedan ser atendidas, extendiéndose así la protección a unas 50.000 mujeres.
Asimismo, los dispositivos se actualizarán con modelos de última generación para mejorar la cobertura, en especial en el ámbito rural, y facilitar el contacto de las mujeres con los servicios de atención especializada.
615 millones para transformar destinos turísticos
El Ejecutivo ha destinado 615 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación Next Generation UE a apoyar la transformación de los destinos turísticos españoles para que sean más sostenibles desde el punto de vista medioambiental, social y territorial, según ha manifestado la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.
Los fondos se repartirán entre las comunidades autónomas en función de unos criterios objetivos que se aprobaron por unanimidad en la Conferencia Sectorial del pasado julio. El reparto, según ha indicado, pretende afrontar la cohesión territorial desde una perspectiva de reto demográfico: “Tenemos más de 500 planes de las comunidades a los que van dirigidos estos más de 600 millones de euros”.
Esta partida forma parte del programa extraordinario de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos, en el que se invertirán un total de 1.858 millones de euros en los próximos tres años. Se trata de la inversión más importante del Plan de modernización del sector turístico, dotado con 3.400 millones.
El programa busca avanzar en la sostenibilidad y la digitalización en la gestión de los recursos, las infraestructuras y los productos turísticos, además de diversificar la oferta de destinos y contribuir a la llegada de turistas durante todo el año, con la consiguiente generación de oportunidades de empleo en todo el territorio.
Isabel Rodríguez ha subrayado que se han recuperado 2,4 millones de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en el ámbito del sector turístico tras la pandemia por COVID-19; 235.000 en el mes de octubre.
Ayudas para el despliegue del 5G y el 6G
El Gobierno ha concedido 95,2 millones de euros en ayudas a proyectos innovadores en el despliegue de tecnologías 5G avanzado y 6G, una pieza clave para la modernización de España. Los beneficiarios son 13 centros, fundaciones públicas de investigación y universidades públicas españolas, en los que se van a desarrollar hasta 115 proyectos.
Los fondos se enmarcan en el Programa de Universalización de Infraestructuras Digitales para la Cohesión y en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que prevé una financiación de 230 millones de euros hasta el año 2023 para crear un ecosistema de investigación e innovación en este ámbito.
Isabel Rodríguez ha resaltado que el objetivo es consolidar a España como uno de los países líderes en el despliegue de estas tecnologías, universalizar la conectividad e impulsar la I+D+i, con un “plan de promoción y atracción del talento en los estudios de ingeniería y telecomunicaciones”.
Prórroga de medidas económicas para apoyar la recuperación
El Gobierno ha prorrogado la vigencia de determinadas medidas de apoyo a autónomos y empresas para impulsar su recuperación, en línea con la ampliación por parte de la Unión Europea (UE) del marco temporal de ayudas públicas frente a la pandemia. El objetivo es seguir protegiendo el tejido productivo para que las empresas viables puedan reforzar su solvencia en la actual fase de crecimiento económico.
De esta forma, las empresas y los autónomos podrán acceder hasta el 30 de junio de 2022 a las Líneas de Avales para cubrir sus necesidades de liquidez o financiar sus proyectos de inversión. Este instrumento del Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha alcanzado desde su puesta en marcha, en marzo del año 2020, los 140.000 millones de euros.
En materia concursal, se extienden también hasta el 30 de junio del próximo año las moratorias actuales y la medida excepcional por la que, a efectos de disolución por pérdidas, no computarán las del ejercicio de 2020 ni las de 2021.
Además, la norma amplía hasta el 31 de diciembre de 2022 el régimen de autorización previa de inversiones extranjeras en sectores estratégicos, incluidas las realizadas por países de la UE o de la Asociación Europea de Libre Comercio, en sociedades cotizadas en España y en sociedades no cotizadas cuando la inversión es superior a 500 millones de euros.
