El Govern de les Illes Balears valora la propuesta del Ministerio de Hacienda y Función Pública sobre el cálculo de población ajustada del modelo de financiación autonómica como “un primera paso” para abordar el proceso de negociación y un debate global sobre el futuro sistema, en el cual las Balears defienden un sistema que fomente más la responsabilidad fiscal y tributaria de las comunidades, según ha manifestado la consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores, Rosario Sánchez.
El informe remitido por el ministerio este viernes a las comunidades autónomas sobre el criterio de población ajustada abre un proceso de “negociación y debate” sobre este elemento del sistema de financiación, para recibir las aportaciones de las comunidades. De este modo, ha dicho la consellera, “se da un paso adelante para un debate más global sobre los diferentes elementos del sistema de financiación”, el cual se encuentra pendiente de revisión desde el año 2014.
“Valoramos de forma positiva que el Ministerio haya enviado este documento abierto a las aportaciones de las comunidades, un documento vivo con una propuesta técnica que estudiaremos en profundidad para hacer nuestras aportaciones en defensa de los intereses de la ciudadanía de las Illes Balears”, ha explicado la consellera en una primera valoración. También ha puesto de relieve que así se inicia un proceso de debate con un primer documento extenso con datos y metodologías que permitirán un análisis detallado de las diversas variables poblacionales.
La consellera Rosario Sánchez ha recordado que el criterio de población ajustada es uno de los elementos del modelo de financiación, el cual tiene en cuenta la población empadronada y otras circunstancias geográficas, sociales o territoriales, a través de diversas variables poblacionales y otras correctoras. Entre las correctoras, se mantiene la variable asociada a la insularidad, y se incorpora una relativa a los costes fijos para las comunidades autónomas con una población inferior a los dos millones de habitantes, como es el caso de las Illes Balears.
En una primera valoración de esta propuesta, con la cual se pretende “aproximar un cálculo de las necesidades de gasto de las competencias que prestamos las comunidades”, la consellera ha destacado que hay “elementos interesantes” para las Illes Balears, como la nueva variable correctora que incorpora los costes fijos de las comunidades de menos población, puesto que nuestra comunidad tiene “importantes costes fijos por el hecho de prestar servicios públicos en cuatro islas”.
El Govern, ha añadido, analizará en profundidad la propuesta técnica del ministerio. También ha apuntado que en el debate específico sobre población ajustada se tiene que profundizar en otros aspectos, como la valoración de los sobrecostes de los servicios públicos derivados de la insularidad, la diferencia de precios entre las comunidades para la provisión de servicios, el peso de la población flotante (turistas, trabajadores de temporada y personas con segundas residencias) o los costes asociados a la congestión que se puede producir en determinadas zonas por el incremento de población.
Un debate más global y vinculado a la capacidad tributaria
Sin embargo, la consellera ha manifestado que también se tienen que abordar otras cuestiones relevantes para avanzar hacia la negociación y reforma del actual sistema. En este sentido, respecto de la globalidad del modelo, ha manifestado que “todavía queda mucho camino para llegar a un nuevo modelo de financiación”.
Así, ha destacado que las Illes Balears defienden que se debe avanzar hacia un futuro modelo que supere el debate de las necesidades de gasto, hacia un sistema más relacionado con la capacidad tributaria de las comunidades autónomas, que fomente una mayor transparencia del propio sistema y permita a las comunidades autónomas que así lo deseen asumir una mayor responsabilidad fiscal y tributaria, sin renunciar la solidaridad entre las comunidades.
La consellera ha señalado en este sentido que un modelo más vinculado a la capacidad tributaria supondría “una medida más objetiva que un cálculo de necesidades”. “Y, como hemos dicho siempre, se tiene que incorporar el principio de ordinalitat al sistema, para que la comunidad autónoma pueda recibir un nivel de recursos de la orden del mismo que aporta al modelo de financiación”, ha destacado.
En este debate más global, el Govern, como también ha reiterado la consellera,defiende que se deberán abordar otras cuestiones como la equidad vertical entre el Estado y las comunidades, en el sentido de plantear una mayor aportación de recursos a las comunidades, y una condonación o compensación de la deuda pública generada por la infrafinanciación histórica provocado por las carencias en financiación, procedentes principalmente del modelo anterior aprobado en 2002.
“A partir de ahora se abre un proceso para tratar las diferentes propuestas y las aportaciones de las comunidades y disponer de este documento planteado por el Ministerio sobre un elementos del modelo de financiación supone un paso adelante, un paso positivo, para empezar a debatir seriamente sobre los diferentes elementos del sistema de financiación autonómica y su globalidad”, ha finalizado la consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores, Rosario Sánchez.
