Así lo considera la Plataforma de la Inmigración, integrada actualmente por 17 asociaciones, que dicho sea, convocó una reunión el pasado 4 de noviembre con representantes de partidos políticos y la presencia de una representante de la Delegación de Gobierno.
La reunión, se escenificó en Casa Planas de Palma y contó con la asistencia de María Bel Llinás del PSOE y funcionaria de Delegación de Gobierno, y el concejal del Distrito del Levante del Ayuntamiento de Palma, Daniel Oliveira de Souza (PSOE).
También estuvieron en el coloquio, los diputados autonómicos Juan Manuel Gómez Gordiola y Maxo Benalal, representando a Ciudadanos; el venezolano Carlos Martínez de Tejada del Partido Popular, la diputada autonómica Antonia Martín por Unidas Podemos y Manolo Henry en representación de Ezquerra Unida.
Como portavoces de la Plataforma participaron líderes de Brasil, Marruecos, Colombia, Venezuela, Uruguay, Chile, Portugal y República Dominicana.
Mustafá Boulharrak de Marruecos y Norbey Andrade de Colombia expusieron los motivos de la reunión y la preocupación del colectivo migrante que al no poder conseguir a tiempo citas en Extranjería, dijeron que se pierden derechos como la posibilidad de renovar sus permisos de residencia.
Narraron los problemas que algunas personas ya tienen con sus cuentas bancarias al haber caducado sus papeles, incluso, agregaron que los problemas son evidentes para cobrar el Paro.
De estos factores se desprende que los empleadores se nieguen a renovar los contratos, pues no quieren exponerse a riesgos de irregularidad administrativa de sus empleados.
Es conocido el colapso que se produce en internet para conseguir citas previas, a pesar de que en estos últimos días se ha implantado un control para evitar que gente inescrupulosa haga negocio a través de la red sacando citas masivas para luego venderlas a precios exorbitantes a los usuarios.
Es un servicio gratuito, y en esa misma línea, Llinás informó que son conscientes del problema en la Delegación de Gobierno, además, añadió que de este tema la Policía Nacional está informada.
Se ha establecido un plan de choque con medidas provisionales y otras que se esperan sean permanentes. Para atajar los fraudes y abusos en días pasados hubo reuniones entre los encargados de este asunto en la Policía Nacional, informáticos y responsables de Extranjería.
Afirmó que es un servicio público y gratuito, no se debe pagar para hacer el trámite. También en la reunión se comentó que existe un protocolo con abogados y gestores que no afecta la gestión de la cita previa.
Extranjería sigue sacando la misma cantidad de citas. No obstante, se ha limitado el número a los correos, teléfonos o direcciones IP de los ordenadores para evitar saturaciones y abusos de usuarios.
El caos era incontrolable, pues según comentan fuentes oficiales, 150 citas diarias podían reservarse en un minuto, por lo que se tomaron medidas restrictivas.
Por otra parte, respecto a la logística, desde la oficina reconocen que antes había 49 funcionarios y ahora solo 27. Llinas se mostró a favor de crear un Foro de la Inmigración para intercambiar información entre ambas partes.
Entre tanto, Juan Manuel Gómez Gordiola se refirió a un proyecto no de ley presentado en el Parlament para buscar soluciones, e instar, al gobierno a la ejecución de una actuación concreta que apunte a la igualdad en el trato para todos los extranjeros, sean comunitarios o no.
En resumen, los representantes de los partidos políticos manifestaron su deseo de lograr soluciones urgentes, mientras que María Bel Llinás se comprometió a trasladar el contenido de los puntos expuestos a la Delegación de Gobierno.
Para el seguimiento de la problemática está convocada una nueva reunión para el lunes 25 de noviembre a las 18 horas en Casa Planas.
Como anécdota, causó indignación en el colectivo migrante que se anunciara destinar más funcionarios para dar prioridad a los ciudadanos británicos a raíz del Brexit. Las asociaciones reciben a diario pedidos de ayuda de sus connacionales que se encuentran en situaciones de emergencia por los trámites burocráticos de una oficina de extranjería, que por el momento funciona a media máquina.
