Parece que la reciente Recomendación del Defensor del Pueblo al Ministerio del Interior para que los extranjeros en situación irregular víctimas de delito puedan denunciar sin temor a ser expulsados puede haber tenido efecto.
El procedimiento de expulsión de la mujer hondureña que fue detenida hace unos meses por estancia irregular en España ha sido archivado por la Delegación de Gobierno de la Comunitat Valenciana.
Todo ello sucedió mientras denunciaba en la comisaría de la Policía Nacional de Xirivella (Valencia) tras haber sufrido una agresión por parte de un hombre.
Una ciudadana hondureña y un amigo español acudieron a una comisaría el pasado 3 de mayo de 2019 a denunciar agresiones, insultos y amenazas por parte del casero de él.
La organización València Acoge informa que un policía le solicitó la documentación, de manera que la mujer salió a recoger una copia de su pasaporte al coche. Al acceder nuevamente a comisaría, fue detenida por agentes de Extranjería, que le incoaron un procedimiento de expulsión por estancia irregular.
La joven tuvo que ir días después al juzgado de guardia para denunciar el ataque y las lesiones que le provocaron hematomas y contusiones en el torso superior.
Finalmente, la víctima también acudió a València Acoge para denunciar lo ocurrido y buscar asesoría.
La acción popular como respaldo
Se decidió presentar una queja ante el Defensor del Pueblo para instar a las autoridades a paralizar su expulsión y hacer público su caso. Se propuso establecer medidas para que:
«Todas las personas, independientemente de su situación administrativa, puedan acudir a denunciar cualquier tipo de perjuicio que hayan sufrido. O bien realizar trámites sin miedo a que se les inicie un proceso de expulsión».
¿Qué reacciones ha provocado este caso?
Las autoridades dieron prioridad a la situación irregular de la agredida, frente a la protección que debe recibir cualquier víctima. Por ello, este caso ha provocado una fuerte reacción popular.
Para València Acoge «este modo de actuar de la policía es inadmisible, porque provoca que las personas sin papeles teman denunciar los abusos. Consecuentemente, propicia el incremento del racismo y la xenofobia y su impunidad».
El subdelegado del Gobierno estimó oportuno archivarlo «tras valorar un informe policial que propone el «archivo final» del expediente sancionador. Esta decisión gubernamental se adoptó tras la constante y contundente reacción ciudadana en respuesta, no solo a la actuación inicial de la Policía de Xirivella. Sino también a los sucesivos pronunciamientos por parte de las autoridades respaldando esa forma de proceder».
Distintas entidades presentaron al delegado del Gobierno un escrito avalado por las firmas de 173 asociaciones y 800 ciudadanos. Denunciaban la actuación policial y la «indefensión y vulnerabilidad» de las personas indocumentadas, además de pedir la paralización de la expulsión.
Tras la paralización de la expulsión, ¿se ha podido regularizar?
Según fuentes de Delegación de Gobierno y al margen de la paralización del procedimiento, la extranjera continúa en la misma situación y debe ser regularizada.
A pesar de las alegaciones de la joven, la Policía Nacional reiteró su propuesta de expulsión el 5 de junio al no haber acreditado que se encuentre de forma legal en territorio nacional.
Fuente: ABC.
