Por Beatriz Tobón
Abogada Colegiada 6597
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La Administración dispone de un plazo de 3 meses para la resolución de las autorizaciones de residencia iniciales como es el caso de las solicitudes de Residencia por Circunstancias Excepcionales (Arraigo Social, Laboral y Familiar), así como las solicitudes de tarjetas de residencia temporal o permanente de familiar de ciudadano de la unión y de 45 días de plazo para los expedientes de reagrupación familiar.
Sin embargo, vemos como la administración está incumpliendo el plazo legal para resolver los papeles de los extranjeros, debido al aumento de solicitudes y a la falta de funcionarios se ha ocasionado un colapso y la resolución de los expedientes se están realizando en promedio de 6 a 7 meses, arrastrando consigo la ilusión que hay detrás de cada trámite de extranjería por una vida digna, un trabajo y la unidad familiar del inmigrante.
Los plazos para resolver solicitudes se han disparado en las oficinas de extranjería y la mayoría incumple los tiempos que marca la ley con demoras que afectan a miles de personas.
Los mayores retrasos se concentran en las autorizaciones de residencia y trabajo por arraigo que son, precisamente, las más numerosas y sirven a los extranjeros para regularizarse después de dos o tres años viviendo en España.
La ley marca un plazo máximo de 90 días para resolverlas, pero la media de todo el país está ya en 150 días.
Los datos de las oficinas de Extranjería, facilitados por el Ministerio de Política Territorial, revelan que los plazos también se sobrepasan en la resolución de los expedientes de Reagrupación Familiar, la figura que permite al extranjero que ya está en situación regular en España traerse a su familia. Las peticiones de reagrupación familiar, que la Administración debe resolver en 45 días, por ejemplo, se alargan hasta los 221 días. Es decir, siete meses para un trámite de mes y medio.
Los recursos y la eficiencia de las oficinas de extranjería son un tema recurrente en los informes del Defensor del Pueblo.
La institución lleva desde 2012 señalando las demoras y la falta “de medios humanos y materiales” que dificultan “la gestión eficaz” de los procedimientos.
La tesis del defensor, reflejada a lo largo de estos años, es la “ausencia” de una política migratoria que contemple el fenómeno en su totalidad, desde las fronteras hasta los trámites fundamentales para su inclusión en la sociedad.
Sumado a ello es muy preocupante toda la situación que se ha generado por la emergencia sanitaria que está viviendo la nación y la crisis económica y social que ha traído consigo. La reforma a la Ley de Extranjería que se venía contemplando se ha detenido.
Muchos empresarios y empleadores no tendrán la solvencia económica para ofrecer ofertas de trabajo para que los inmigrantes puedan regularizarse y continuará incrementándose el número de extranjeros en estado irregular. Esperemos que el gobierno emita a corto plazo medidas positivas en materia de inmigración.
Es urgente que se adopten los correctivos necesarios para poner en marcha un plan de descongestión o agilización de los expedientes de extranjería que están retrasados, así se evitaría un perjuicio mayor como es el caso de los extranjeros que cuentan con un precontrato laboral para tramitar su permiso de residencia y trabajo por arraigo social, que, de prolongarse la situación de colapso, muy posiblemente este empleador no quiera o no esté en condiciones económicas de poder esperar, y esta oferta de trabajo desaparezca y con ello se esfume el anhelo del inmigrante de poderse regularizar.
Un procedimiento de agilización o “plan de choque” para la resolución de todos los expedientes de extranjería que están pendientes, sería una solución inmediata para que muchos inmigrantes que cuenten con una oferta de trabajo puedan obtener su permiso de residencia y así trabajar de forma legal y no continuar inmersos en la irregularidad, un colectivo supremamente vulnerable que día a día vemos como son explotados laboralmente.
