Por Amnistía Internacional
Los países ricos y las empresas farmacéuticas han fracasado catastróficamente al no garantizar el acceso equitativo a las vacunas y han dejado en 2021 a miles de millones de personas sin medicamentos que salvan vidas”, ha declarado Amnistía Internacional.
Pese a los reiterados llamamientos de Amnistía Internacional y otras entidades como la Organización Mundial de la Salud para que se garantizase que, como mínimo, el 40% de la población de los países de ingresos bajos y medianos bajos estuviera vacunada antes de que finalizara 2021, los países ricos y las empresas farmacéuticas han seguido haciendo caso omiso de estos ruegos.
“A pesar de que el mundo ha producido alrededor de 11.000 millones de dosis vacunales, únicamente el 7% de la población de los países de ingresos bajos ha recibido una sola dosis. ¿Por qué se está negando a los países más pobres el acceso a medicamentos que salvan vidas mientras los países ricos guardan montones de vacunas sin usar?”, dijo Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
“La aparición de la variante ómicron debería servir de aviso a los países ricos y las empresas far- macéuticas que no han abordado la pandemia en el ámbito global. No vacunar a todas las personas —con independencia del lugar donde vivan— hace que toda la población mundial sea vulnerable a nuevas variantes. La única forma de romper este círculo vicioso es garantizando que todas las personas tienen acceso a las vacunas”.
Este año, dirigentes de todo el mundo hicieron numerosas promesas acerca de compartir vacunas, pero las han incumplido una y otra vez. En junio, la cumbre del G7 se comprometió a compartir 1.000 millones de dosis antes de finalizar 2021, aunque las informaciones indican que este objetivo no se va a cumplir. En septiembre, el presidente estadounidense Joe Biden y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, se comprometieron a donar 900 millones de dosis extras a los países de ingresos bajos y medianos bajos antes de septiembre de 2022. Aunque esta iniciativa es bienvenida, los países más pobres necesitan vacunas ahora mismo.
Las empresas farmacéu- ticas tampoco han estado a la altura de las circunstancias. El gigante farmacéutico estadounidense Pfizer ha afirmado de forma engañosa que su vacuna estaría “disponible para cualquier paciente, país y comunidad que busque acceder a ella”, cuando, en realidad, ha entregado la gran mayoría de sus vacunas a países de ingresos altos y medianos altos. Su rival, Moderna, a pesar de que sólo pudo desarrollar su vacuna con el apoyo de científicos y científicas del gobierno estadounidense y de enormes cantidades de ayuda económica, también ha dado prioridad a las ventas a países ricos. Ambas empresas siguen entregando menos del 1% de sus existencias a países de ingresos bajos.
Lo grave es que, además, Moderna y Pfizer, junto con otros fabricantes de vacunas, AstraZeneca y Johnson & Johnson, se han negado a apoyar unas medidas que levantarían temporalmente la protección de la propiedad intelectual y a compartir tecnología vacunal con otros fabricantes de todo el mundo para permitir un aumento de la producción global.
Todas las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos. Ante todo, esta responsabilidad significa que las empresas tienen el deber de “no hacer daño”. Si se dan cuenta de que provocan abusos contra los derechos humanos, deben poner fin de forma inmediata a sus acciones perniciosas y proporcionar reparación. Este deber constituye una norma de conducta ampliamente reconocida que figura en los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos y las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales.
Pero, mediante sus acciones y omisiones, los fabricantes de vacunas han terminado por perjudicar los derechos humanos de los miles de millones de personas que carecen de acceso a la vacuna contra la COVID-19 o han contribuido a ese daño.
“En torno a esta época del año, se administró la primera vacuna. Más de 365 días después, mientras muchas personas de los países más ricos han recibido hasta tres dosis, muchas más en los países más pobres no han recibido ninguna. Estamos ante la sombría realidad —amplificada por la brutal claridad de la pandemia— de que algunas vidas se consideran más merecedoras de ser salvadas que otras. Es un final de año realmente devastador”, dijo Agnès Callamard.
“Confiábamos en que la presión internacional ayudaría a los países ricos y grandes farmacéuticas a entrar en razón, dejarían de acaparar vacunas y compartirían los derechos de propiedad Intelectual, pero les ha podido la codicia.
Esperemos que entre sus propósitos de año nuevo figure cumplir sus promesas y garantizar que todas las personas tienen la oportunidad de vacunarse.
“Muchos países de ingresos bajos tienen dificultades ahora para abordar una variante nueva y mortal cuando la mayoría de su población ni siquiera ha sido vacunada. A menos que se tomen medidas drásticas ya, la COVID-19 seguirá causando estragos durante los próximos años y la pregunta clave ahora es qué va a ocurrir si grandes partes del mundo siguen sin estar vacunadas. Nunca ha estado más claro que nadie está a salvo hasta que esté a salvo todo el mundo”.
