La presidenta del Govern, Francina Armengol, y el conseller de Movilidad y Vivienda, Josep Marí, han reunido esta mañana en el espacio Es Garrover de Inca a representantes de algunas de las constructoras que han subscrito las cláusulas sociales que incluye el IBAVI en los pliegos de licitaciones, así como a las instituciones y entidades sociales beneficiarias de estas cláusulas a través de proyectos para hacer frente a la emergencia de vivienda en las Islas Baleares.
Gracias a esta cláusula, las constructoras se comprometen a destinar un porcentaje del presupuesto adjudicado a iniciativas como, por ejemplo, ayudas económicas a familias en situación de emergencia social para evitar que pierdan la vivienda o a la construcción de una vivienda tutelada para diez personas con diagnóstico de salud mental, como es el caso de la Fundación Es Garrover, que ha acogido el acto de este miércoles.
Durante la presentación de los proyectos que ya se están financiando a través de esta cláusula, la presidenta Armengol ha defendido que esta es «una nueva fórmula de hacer política» porque es «una manera de entender la contratación pública que quiere estimular la responsabilidad social de las empresas» y que implica «un cambio a la hora de entender lo que es prioritario, que es la ciudadanía y las personas más vulnerables». En este sentido, Armengol ha recordado que ahora mismo, en las contrataciones del IBAVI, «ya es más importante el proyecto social de la empresa que la oferta económica».
«Todavía queda mucho camino por recorrer para garantizar el derecho a la vivienda», ha afirmado la presidenta, quien ha defendido que en las Islas Baleares «se está construyendo vivienda pública como nunca en la historia democrática y se hace política valiente a través de la ley de vivienda». Armengol ha agradecido a los trabajadores públicos el trabajo hecho para que esto sea posible y ha reivindicado, una vez más, la necesidad de que el Estado dé las herramientas a las Comunidades Autónomas para establecer «un tope al alquiler que permita bajar el precio».
«Somos muy conscientes de las enormes necesidades de vivienda que tenemos en nuestra comunidad», ha añadido el conseller Josep Marí, para quien «el IBAVI se ha convertido estas dos últimas legislaturas en una pieza clave para ir construyendo un parque de vivienda pública de alquiler al alcance de la gente que más lo necesita, siempre priorizando su función social, ya sea destinando vivienda a los jóvenes, limitando a un 30 % de los ingresos el alquiler que se tiene que pagar, ofreciendo espacios de convivencia… Una vocación que nos ha llevado a incluir cláusulas sociales líderes en el conjunto del Estado en las licitaciones de viviendas de protección pública que impulsamos y que, gracias a la implicación de las empresas constructoras, se traducen en recursos económicos para proyectos de emergencia de vivienda destinados a los colectivos más vulnerables».
Una cláusula para hacer frente a la emergencia de vivienda
Desde el año 2020, el IBAVI incluye en los pliegos de licitación de las obras una cláusula social que recoge el compromiso de las constructoras de destinar un porcentaje del importe de adjudicación del contrato a financiar proyectos de interés social relacionados con el objeto del contrato, paliar la emergencia de vivienda en las Islas Baleares, o con el derecho constitucional de acceso a una vivienda digna. La cláusula se incorporó por primera vez en la licitación de las obras de 57 viviendas tuteladas y centro de día de la calle de Cuba des Molinar de Palma, licitadas en abril de 2020.
A través de esta cláusula las empresas constructoras se comprometen a aportar un porcentaje de adjudicación del contrato —entre el 1 % y el 10 %, y la media de lo que se destina a cláusulas sociales es de un 4,2 %— a proyectos sociales relacionados con la emergencia de vivienda. Este compromiso, que subscribe la constructora, puede representar hasta 15 puntos de un total de 100 en el baremo de puntuación en el proceso de adjudicación. En cualquier caso, la aportación social se incluye dentro del cálculo de la baja temeraria.
Hasta el día de hoy, esta cláusula se ha incluido en 14 contratos del IBAVI y las aportaciones de las empresas constructoras suman un total de 1.610.868 € para diferentes proyectos de emergencia de vivienda que ya están beneficiando actualmente a seis entidades y dos instituciones —Cáritas Mallorca, Mater Misericordiae, Cáritas Menorca, la Fundación Es Garrover, Cruz Roja Maó, Provivienda, el Consell Insular de Menorca y el Ayuntamiento de Lloseta.
Actualmente hay ocho empresas constructoras que han subscrito esta cláusula a través de la construcción de diferentes promociones del IBAVI tanto en Mallorca como en Menorca: Construcciones Alea, SL, con promociones en Palma y Vilafranca; la UTE Viviendas Leon XIII, formada por Melchor Mascaró y Construcciones Embat, con una promoción de 11 HPP en Manacor; Copisa, con una promoción de 42 HPP en Son Servera; Obras y Construcciones Tomeu Rosselló, a través de la promoción de 23 HPP en Santanyí y 6 HPP en Santa Eugènia; Antonio Gomila, SA, con tres promociones en Maó y una en es Migjorn; Obras y Promociones Comas, SA, con dos promociones en Palma y una tercera en Inca, SL, con una promoción de 40 HPP de dotación en Maó.
Principales proyectos beneficiarios en Mallorca
• Cáritas Diocesana de Mallorca
A través de las cláusulas sociales incorporadas en el contrato de construcción de 23 HPP en Santanyí, la constructora Tomeu Rosselló ha aportado 90.000 € al Proyecto Vivienda Digna que impulsa Cáritas Diocesana de Mallorca.
Esta aportación se ha destinado a facilitar el acceso a la vivienda a las familias a las que atienden a través de ayudas económicas propias para que estas personas no pierdan su vivienda habitual. En este caso, las cláusulas sociales del IBAVI han permitido a Cáritas Mallorca ofrecer ayudas económicas a un total de 294 hogares y 434 personas para que puedan tener acceso a una vivienda digna.
• Organización Mater Misericordiae
A través de las cláusulas sociales incorporadas en el contrato de construcción de 6 HPP en Santa Eugènia (7.458,55 €) por parte de la constructora Tomeu Rosselló y de la construcción de 18 HPP en Maó (72.960 €) por parte de la constructora Antonio Gomila, avanza en Santa Eugènia el proyecto que impulsa la organización Mater Misericordiae en el convento de las religiosas de la Misericordia, ubicado en este municipio.
La aportación de estas cláusulas sociales ha permitido, por un lado, llevar a cabo un proyecto de reforma de la antigua residencia de estas religiosas para su adecuación como residencia para personas con discapacidad intelectual y de desarrollo, mediante la adaptación de 8 habitaciones para residencia con diez plazas, más la creación de salas comunes y mejoras de accesibilidad, como es la sustitución del ascensor existente por uno nuevo, y, por otro lado, impulsar obras de reforma para transformar la primera planta del antiguo convento en una nueva vivienda, con la intención de dar respuesta a las necesidades de los usuarios de esta entidad las familias de los cuales residen en los municipios de la mancomunidad del Pla de Mallorca.
• Fundación Es Garrover
La Fundación Es Garrover, con sede en Inca, es la entidad beneficiaria de las cláusulas sociales asumidas por las constructoras Comas, a través de las promociones de 43 HPP en Palma (la Soledad, 272.637,56 €) y 9 HPP en Inca (ses Marjades, 13.593,69 €) y de las aportaciones de la constructora Amer e Hijos, a través de la promoción de 6 HPP en Puigpunyent (6.699,84 €). Todos estos recursos se destinan a las obras de reforma y rehabilitación del edificio situado en la calle de Pérez Galdós, 109, de Inca.
La ampliación y la reforma se concentran en la planta segunda, en la cual se construye una vivienda tutelada vinculada al servicio asistencial que desarrolla esta entidad social, con una capacidad para diez personas. Será destinada a personas con trastorno de salud mental.
• Ayuntamiento de Lloseta
Las cláusulas sociales incluidas dentro de la licitación de 25 HPP en la calle de Lope de Vega de Palma, que construirá la empresa de Obras y Promociones Comas, permitirá destinar 24.620,03 € a través de las cláusulas sociales del IBAVI a la adecuación de una vivienda adaptada en el municipio de Lloseta.
La vivienda está ocupada por una persona con discapacidad, con necesidad de uso de silla de ruedas. Por lo tanto, requiere adaptaciones y reparaciones como la adaptación del cierre y la apertura de puertas, cocina, instalación eléctrica, etc.
Al acto de hoy también han asistido la directora general de Vivienda, Cristina Ballester; el director general de Atención a la Dependencia, Gori Molina; la gerente del IBAVI, Olvido Terrassa; el alcalde de Inca, Virgilio Moreno, y el delegado de Vivienda del consistorio, Andreu Caballero.
