Por Juan Pablo Blanco A.
Por el momento no todos los grupos de población con residencia en España, algunos irregulares y otros con papeles en regla, tienen el derecho garantizado a la vacuna contra el Covid-19. No es alarmismo, ni mucho menos, es una realidad latente que está ahí.
En el caso de Baleares lo confirma la propia consellera de Salud, Patricia Gómez, que admite dificultades burocráticas para ciertos colectivos afincados en España, y por ende, para los que tienen su residencia en esta comunidad autónoma.
En una extensa entrevista a este periódico, la responsable de esta área del Ejecutivo Autonómico reconoce que se tienen que superar algunos escollos en los que el Gobierno de Madrid debe jugar un papel preponderante.
España por excelencia es un país receptor de inmigrantes con las respectivas coyunturas filiales a futuro, tales como las reagrupaciones familiares. Preocupa que este tipo de población, muchos de ellos padres o madres de los reagrupantes en edad avanzada, no tengan tarjeta sanitaria.
La explicación es muy sencilla. En el momento de ser reagrupados, una de las condiciones para concederles la tarjeta de residencia es que entren a España con un seguro privado. Palabras más palabras menos, la Seguridad Social no se hace cargo de ningún tipo de prestación sanitaria.
Sin embargo, esta normativa va en contracorriente con la Declaración Universal de los Derechos Humanos como lo es el acceso universal a la salud. En este caso lo que ocurre es que para poder vacunarse es necesario acudir al Sistema Nacional de Salud.
Pero una pandemia incluye el derecho a la vacunación, igualando a todos los seres humanos por el interés general, e incluso por la seguridad del bienestar común. Desde Médicos del Mundo de Baleares denuncian esta situación que se puede convertir en una bomba de relojería en el caso de no ponerle remedio a tiempo.
Cabe mencionar que hay inmigrantes en situación irregular en las Islas que, a pesar de vivir en éstas, no tienen tarjeta sanitaria. Ese es el otro grupo de personas que en este momento no podrían ser vacunadas. ¿El porqué? Nos comentan desde diferentes asociaciones que por diversos motivos no están empadronados debido a la negativa del propietario o arrendador a realizar el procedimiento. Y sin este requisito no hay tarjeta sanitaria, así de sencillo.
Desde Médicos del Mundo en Baleares lo ratifican en la respuesta a una de nuestras preguntas: “Actualmente no pueden acceder a la vacunación aquellas personas que no cuenten con tarjeta sanitaria, ya que para solicitar cita es imprescindible contar con CIP (el CIP autonómico es el llamado Código de identificación de la Administración sanitaria, el cual se constituye como el código sanitario identificativo de cada ciudadano, a efectos de asistencia sanitaria)”.
Y como si fuera poco, algunos ciudadanos residentes en España de la Unión Europea no alcanzan a calificar para las vacunas, tal y como lo expone esta ONG:
“Las personas provenientes de la Unión Europea o de países donde existe Convenio bilateral con España deben solicitar un documento de no exportabilidad del derecho asistencial. Esta documentación es difícil de conseguir en países como Rumanía entre otros. Por otro lado no hay un listado publicado en la web del IB-Salut especificando que países cuentan con convenio bilateral por lo que se dificulta la tramitación”.
Hemos de resaltar la franqueza de la Consellera, Patricia Gómez para admitir el problema. Esperemos que más pronto que tarde se logren descifrar estos jeroglíficos burocráticos , y cuanto antes se habilite una línea de atención telefónica para exponer temas puntuales para los interesados – muchos de ellos de origen inmigrante – puedan exponer sus casos especiales.
