Por Juan Pablo Blanco
Miles de casos al borde del límite de familias en situación de vulnerabilidad y personas en riesgo inminente de exclusión social. Estas son dos de las premisas desde el inicio de la pandemia que no dan tregua desde hace nueve meses con el agravante de ir cada vez a peor. Las colas del hambre crecen y las entidades del tercer sector se ven desbordadas ante la inmensa cantidad de ayudas que no alcanzan a suplir.
En Baleares con el cierre temporal de los restaurantes, bares y cafeterías, gimnasios y grandes almacenes, entre otros negocios, la situación se torna desesperante. Por ello, la gran cantidad de gente que se queda a las puertas de obtener el Ingreso Mínimo Vital tendrá que echar mano de la Renta Social Garantizada (RESOGA) del Govern balear.
Nos hemos acostumbrado a criticar y no sin razón si se trata de graves desaciertos, que dicho sea, han puesto en jaque mate el bienestar común de la sociedad. Hay situaciones inexplicables y hasta de juzgado de guardia, especialmente en el momento de gestionar un documento en la Administración Pública, y máxime si se trata de ayudas sociales para paliar las emergencias que afrontan miles de familias.
Sin embargo, no deja de llamar la atención la decisión del Govern balear, a través de la Conselleria de Afers Socials y Esports de entregar la ayuda social a las familias o personas a las que se les haya denegado el IMV.
El hambre apremia y el tiempo es implacable mientras la situación no se normalice medianamente. Y es tal la prisa y la extrema necesidad que la propia administración trata de despejar el panorama para que las ayudas lleguen rápidamente a sus beneficiarios.
De inicio los complejos trámites burocráticos se aparcan para proceder a la entrega de la renta social. Basta una declaración de responsabilidad civil y una solicitud con resolución denegatoria del IMV. Una vez obtenida se procederá a la revisión de los expedientes, y en el caso de que no se cumplan los requisitos se suspenderá el pago para posteriormente exigir el reembolso de las cuantías recibidas indebidamente.
No podía dejar de hacer una mención por la gran cantidad de personas que por no estar regularizadas carecen de una ayuda social. Desmontando así la teoría de quienes dicen que estas “paguitas” están destinadas a los “ilegales”, les invitaría a que demostraran con papeles o con hechos fehacientes de que estas personas no les vienen a quitar el derecho a los españoles o a los propios inmigrantes con residencia legal que se benefician de una renta social.
Como ya lo hemos citado anteriormente para acceder a este tipo de ayudas se necesita haber tenido una respuesta denegatoria del IMV, y para más INRI tener una cuenta bancaría abierta en una entidad financiera, algo que hoy por hoy, contrario a épocas pasadas, es una utopía.
Conozco a muchas personas que aunque no tengan un NIE trabajan de sol a sol en la economía informal. Esos mismos que cuando van a un supermercado o a cualquier comercio, también pagan su IVA y permiten que la economía fluya. Esos mismos que cuidan gente mayor, esos mismos que ayudan a construir grandes edificaciones o esos mismos que trabajan a destajo en condiciones precarias en el campo recogiendo uva y aceituna.
Por obvias razones me he relacionado con muchísimos de ellos, la inmensa mayoría es gente que incluso lleva entre dos y tres años en las Islas y la pandemia ha sido la espada de Damocles para no tener una esperanza de regularización administrativa.
Es la otra realidad marginada, la mayoría no tiene ninguna motivación que les anime a regresar a sus países de origen. Aunque es competencia del Gobierno central, el Govern balear no debe desentenderse de las más de treinta mil personas que están excluidas socialmente, a tenor de la cifra total que manejan las asociaciones de inmigrantes ¡están ahí y no son invisibles!.
